Luego del anuncio del presidente Lenín Moreno el pasado 2 de octubre del contenido de las siete preguntas para referéndum y consulta popular, distintos sectores sociales, sobre todo políticos, han empezado a tomar posturas sobre la aceptación y rechazo a este cuestionario que pretende introducir reformas a la Constitución y a cuerpos legales.
PUBLICIDAD
Recientemente, el alcalde de Guayaquil y líder del socialcristianismo, Jaime Nebot, proclamó ante simpatizantes y el propio mandatario, en la sesión por las fiestas de independencia de Guayaquil, su respaldo incondicional a todas las preguntas. De su parte, el banquero y excandidato a la presidencia, Guillermo Lasso, expresó: “La consulta es nuestra y la vamos a defender”.
Así también otros colectivos políticos, sociales y ambientalistas han exteriorizado sus posturas frente al plebiscito, pero todos coinciden en el principio de consultar a los mandantes sobre hechos trascendentes cuantas veces sean necesarias.
Algunos grupos, como el partido Comunista y dirigentes del movimiento Alianza PAIS, han evidenciado sus reparos a las preguntas relacionadas con la reelección indefinida y la Ley de Plusvalía, pues las consideran atentatorias a la libertad de elegir y a la redistribución de la riqueza, respectivamente.
Las siete preguntas versan sobre temas de corrupción, remoción y nombramiento de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), reelección indefinida, explotación petrolera en el parque Yasuní, límites a la minería metálica, derogación de la conocida como Ley de Plusvalía y que no prescriban los delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Cinco tienen carácter de referéndum porque implican cambios a la Carta Magna, mientras que otras dos son mediante el mecanismo de consulta popular porque derivan en reformas a leyes.
En el orden legal, en el caso de que el referéndum y consulta sea aprobado por la Corte Constitucional y por la ciudadanía en las urnas se realizarán cinco reformas a la Constitución y cambios en cuatro leyes orgánicas en la Asamblea. Además de la derogatoria a una ley y las reformas a dos decretos ejecutivos expedidos en gobiernos anteriores.
PUBLICIDAD
La primera pregunta cuestiona si “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes?
Respecto de esta pregunta el constitucionalista Ramiro Ávila sostiene que si bien coincide con el espíritu de la pregunta sí pone reparos en el sentido de la muerte civil permanente, pues es una sanción incompatible con los fines constitucionales de la pena (rehabilitar y desarrollar capacidades para ejercer derechos).
De su parte, el constitucionalista Ismael Quintana sostiene que en la legislación ya existe normativa para inhabilitar a funcionarios sentenciados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros sancionados con penas de reclusión que superen los cinco años. En ese sentido la propuesta presidencial es viable, ya que lo que hace es agregar otros delitos como concusión, lavado de activos, asociación ilícita y testaferrismo.
La pregunta 2 indada en cuanto a que “Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?
Con este cuestionamiento se busca dejar sin efecto una enmienda sobre reelección indefinida aprobada por la Asamblea y que previamente fue cosa juzgada por la Corte Constitucional sobre su vialidad. En ese sentido se pronunció el constitucionalista Stalin Raza, quien opina que será interesante conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reelección indefinida, la cual pasó favorablemente en 2016 en la administración del expresidente Rafael Correa. “Ahora vamos a ver qué dice la CC para opinar en sentido contrario”, señaló.
Contraria a los criterios de alternabilidad en el poder, la jurista y asambleísta Marcela Aguiñaga, considera que eliminar la reelección indefinida es “una regresión de derechos políticos”, porque limita a los ecuatorianos la posibilidad de elegir y ser elegidos.
La pregunta esbozada es si «¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos?»
El abogado Gabriel Hidalgo sostiene que de aprobarse esta pregunta le deben suceder a los titulares los consejeros alternos. Además considera que esta pregunta tiene una implicación simbólica pues, añade, el CPCCS en los últimos años “se convirtió en un apéndice político”.
En cambio, el jurista Jorge Cornejo considera que la figura del “consejo transitorio” no existe en ninguna norma y se corre el riesgo de retroceder en el tiempo cuando políticos que gobernaron en las últimas décadas ponían “a dedo” a las autoridades de control, a través del Legislativo que es la función más politizada del Estado.
La pregunta indaga si “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha felicitado la inclusión de esta pregunta. “Es una medida necesaria para luchar contra la impunidad. Un delito de esta magnitud debe poder ser denunciado y sancionado en cualquier momento de la vida, sin importar el tiempo que ha transcurrido desde el hecho”, afirmó Joaquín González-Alemán, representante del organismo en Ecuador.
La pregunta busca un consenso en cuanto a si “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”.
La Reserva de Biosfera del Yasuní es considerada uno de los lugares más biodiversos del planeta y alberga más de dos millones de especies. Eduardo Pichilingue, del colectivo Yasunidos, sostiene que la pregunta no provoca mayores cambios respecto a la explotación de los bloques 31 y 43, autorizada por el Parlamento en 2013.
Este colectivo pide, además, precisiones respecto a la delimitación del área protegida. “Pedimos especificar hacia dónde se va a extender esas 50.000 hectáreas, que no son suficientes para la protección de pueblos en aislamiento voluntario. Debería especificarse hacia dónde se va a extender el área», comentó el ambientalista Patricio Chávez.
La pregunta 6 versa sobre si “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos?”
Para Andrés Icaza, vicepresidente de la Cámara de Minería, de aprobarse se elevaría a rango constitucional una disposición ya contemplada en la Ley de Minería. Recuerda que en el país existen empresas que practican la actividad de manera responsable, que está de acuerdo en respetar las zonas protegidas, por lo que opina que más bien se debe poner controles a la minería ilegal que es la que provoca daños en centros urbanos.
La pregunta 7 refiere si «¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía?».
El exconsejero de Hábitat y medio ambiente, Virgilio Hernández, recuerda que el artículo 376 de la Constitución prohíbe la obtención de beneficios de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular en el cambio de uso. Considera que al derogar la ley puede incluso afectar el plan del Gobierno Casa para Todos, porque subirá el valor del suelo.
De su parte, Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, señala que la Ley de Plusvalía provocó una recesión del sector, aunque este fenómeno incluso se registró antes de la vigencia de esta norma. No obstante apoya la derogación para reactivar a este sector que es uno de los principales generadores de empleo.
Fuente: Adndes
Te puede interesar:
