La autodefinida Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), una agrupación civil formada por juristas y políticos, pidió hoy a la Fiscalía que se investigue a siete altos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el vicepresidente, Jorge Glas.
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Los siete estarían vinculados, según las pesquisas de este organismo público pero no estatal, con una serie de sobornos en el caso de la empresa ‘Caminosca’.
«Hemos trabajado con pausa pero con certezas sobre un tema en el cual las responsabilidades de los involucrados en actos de corrupción son evidentes», dijeron los miembros de la CNA en una rueda de prensa en Quito antes de hacer entrega hoy, en la Fiscalía, de una querella contra los siete funcionarios y exfuncionarios.
Aseguran que con la información que han obtenido, llegan a la conclusión de que «se han configurado los elementos necesarios para que la Fiscalía Nacional investigue, entre otros, al vicepresidente de la República», al que piden apartar de sus funciones.
Entre los otros presuntos implicados, según la Comisión, figura asimismo Esteban Albornoz Vintimilla, exministro de Electricidad.
«El pago de coimas (sobornos) se habría realizado mediante la suscripción de subcontratos entre Caminosca S.A. y las empresas fantasma ‘Asesorías Australes’ y ‘Crown Mergers and Acquisitions’, mediante transferencias bancarias a cuentas en las Bahamas y Brasil por un total de 3.331.442,15 dólares», señala la CNA en un comunicado.
Precisa además las cantidades que se pagaron por cada proyecto: 508.262 dólares en el caso de Petroamazonas; 623.180 por el de Toachi-Pilaton; 1.200.000 por el de Sopladora; y 999.998 por el proyecto de Minas San Francisco.
La Comisión hizo entrega de una querella en la Fiscalía contra los siete funcionarios y exfuncionarios y se quejó de que el máximo representante fiscal, Carlos Baca, no les recibiera, viéndose obligados a depositarla en la Secretaría.
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