El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo hoy su primera gran crítica a la situación de derechos humanos en China al incluirla en su lista de países que no hacen lo suficiente contra el tráfico de personas, una medida que puede conllevar sanciones.
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El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre el tráfico de personas en el mundo, publicado hoy, degrada a China a la peor categoría posible, una «lista negra» en la que comparte espacio con Venezuela, Belice, Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otros.
Trump tiene ahora 90 días para decidir si aplica sanciones a los países de esa «lista negra», como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales.
Hasta ahora, el Gobierno de Trump había evitado cualquier crítica a China por su situación de derechos humanos, en parte para no perder su cooperación en lo relativo a Corea del Norte, pero el mandatario se ha mostrado frustrado últimamente por lo que percibe como una falta de cooperación eficaz de Pekín en ese tema.
El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, destacó precisamente la respuesta supuestamente laxa de China ante la presencia en su territorio de trabajadores forzados norcoreanos, como una de las razones para incluir al país en la «lista negra».
«China ha sido degradada de categoría en parte porque no ha tomado medidas serias para acabar con su complicidad con el tráfico de personas, incluido con trabajadores forzados de Corea del Norte que están en China», dijo Tillerson en el acto de presentación del informe, en el que también participó la hija de Trump, Ivanka.
El documento precisa que, el año pasado, las autoridades chinas «siguieron repatriando forzosamente a norcoreanos» sin averiguar antes si eran víctimas de explotación laboral enviadas a China.
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Otra razón para incluir a China en la lista negra son los informes de que las autoridades locales en la región autónoma de Xinjiang, al noroeste del país, han «coaccionado a hombres y mujeres uigures» para implicarse en trabajos forzados.
La decisión de incluir o no a un país en la lista negra se hace en función de su cumplimiento de lo que Estados Unidos considera los «estándares mínimos» en la lucha de un Gobierno contra el tráfico de personas, definidos en una ley estadounidense de 2000.
Pese a la «incomodidad inicial» que esto pueda generar para el Gobierno chino, Estados Unidos confía en «continuar su buena relación de trabajo diplomático» con Pekín, según aseguró a los periodistas la encargada de EE.UU. para combatir el tráfico de personas en el mundo, Susan Coppedge.
El nuevo informe añade a otros cuatro países a la lista negra -Mali, República Democrática del Congo, República del Congo y Guinea- y mantiene en ella a varios que ya figuraban allí el año pasado, como Siria, Sudán, Sudán del Sur, Mauritania, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Bielorrusia, entre otros.
Venezuela también repitió un año más en la lista negra, en la que figura desde 2014, debido en parte a la «ausencia de datos fiables sobre los esfuerzos contra el tráfico» del Gobierno de Nicolás Maduro, y la ausencia de una ley específica sobre el problema.
En cambio, EE.UU. eliminó este año a Haití de la lista negra, en la que había sido incluido en 2016, porque consideró que su Gobierno «está haciendo esfuerzos significativos» para mejorar su estrategia contra la lacra, aunque su sistema de Justicia sigue «retrasado a la hora de procesar casos» de trata de personas.
También salieron de esa lista Argelia, Birmania, Yibuti, Gambia, las islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Surinam y Zimbabue.
Nicaragua y Guatemala fueron rebajados a la categoría inmediatamente superior a la lista negra, llamada de «observación especial», lo que supone una peor nota que la que tuvieron en 2016.
En el caso de Guatemala, se debe en parte a que su Gobierno «procesó a muchos menos traficantes e identificó a menos víctimas en 2016», y en el de Nicaragua, a que «no proporcionó servicios adecuados a las víctimas», según el informe.
En la lista de «observación especial» fue incluido también Haití y repitieron, un año más, Bolivia y Cuba; mientras que Costa Rica salió de ella y fue trasladada a una categoría mejor.
Cuba fue retirada de la lista negra en 2015 y colocada en la categoría de «observación especial», lo que provocó que algunos republicanos acusaran al Gobierno de Barack Obama de mejorar la calificación por razones políticas, pero el Ejecutivo de Trump ha decidido mantenerla allí pese a su línea más dura hacia la isla.
En una categoría intermedia, de países que se están acercando a los estándares establecidos por Estados Unidos, figuran México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Jamaica.
Colombia, que hasta 2015 estaba en esa categoría, volvió a aparecer por segundo año consecutivo en la mejor lista, la de países que cumplen los estándares mínimos establecidos por Estados Unidos para combatir el tráfico de personas, en la que repiten Chile, España y numerosas naciones europeas, además del propio EE.UU. EFE
