El desplome del mercado inmobiliario en Ecuador no es la causa de la maltrecha situación económica en el país, aunque sí es una de sus caras más visibles.
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Centenares de altos edificios nuevos saturan el norte de Quito, uno de los epicentros de la fiebre de la construcción desatada por el abrupto crecimiento del país durante la década de auge petrolero, que terminó en 2015.
Espoleadas por la bonanza, la abundante liquidez y el crédito fácil, las inmobiliarias hicieron su agosto con la edificación y compraventa de oficinas y viviendas ante el vertiginoso ritmo de creación de empresas y el apetito de particulares en busca de una primera residencia o de una inversión de fácil retorno.
Pero los precios del crudo cayeron y basta una rápida mirada para constatar que en muchos casos la premura con que se invirtió no ha dado los rendimientos esperados: letreros de “Se vende” y “Se arrienda” proliferan en ventanas y balcones, e incluso algunos edificios terminados hace más de un año siguen completamente vacíos.
“Aquí no hubo una burbuja que originó la crisis, como en España, pero sí que hay un parón muy grande que ha afectado a muchos propietarios y ha destruido mucho empleo”, explica a la AFP Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (APIVE).
Entre 2015 y 2016 el número de reservas de vivienda (promesas de compraventa en nuevos proyectos) ha caído un 60%, según la APIVE, mientras que la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) sostiene que el precio descendió un 40%.
Unos datos que muestran el declive del sector, víctima según los analistas de la brusca caída del precio del petróleo, del crecimiento del desempleo -que desincentiva a compradores e inversores- y del ambiente de incertidumbre previo a las elecciones para suceder a Rafael Correa, que se dirimirán en un balotaje el 2 de abril.
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‘Ganancia ilegítima’
Muy presente en esta campaña electoral, la cuestión inmobiliaria marcó un antes y un después en la popularidad de Correa en 2015, con su proyecto de elevar impuestos a las herencias y a la plusvalía que tuvo que retirar temporalmente ante multitudinarias y violentas protestas callejeras previas a la visita del papa Francisco.
La ley, que fija un 75% a la ganancia inmobiliaria “extraordinaria” , fue aprobada finalmente en diciembre del 2016 ante la indignación de sus detractores, sobre todo de clase media y alta, a los que el candidato opositor Guillermo Lasso conquistó en buena parte con su promesa de derogar el texto. “Fue un ataque que ha tenido un fuerte efecto político y ha hecho mucho daño al sector inmobiliario.
Sumada a la realidad económica, la expectativa de tener que pagar un impuesto a la plusvalía hace menos atractiva la idea de endeudarse a la largo plazo”, explica a la AFP el economista Alberto Acosta-Burneo.
La quiteña Carmen Salazar, una profesional de la salud de clase media, era una correísta convencida hasta que la aprobación de la ley -entre otras cosas- le hizo pensar en el cambio. “Ahora el departamento con el que me endeudé hace dos años vale mucho menos, pero si un día el sector se recupera y quiero venderlo no quiero tener que pasar por esta especie de ‘control de precios’”, asegura.
La sombra de Hugo Chávez
El auge y la caída del sector inmobiliario, concentrado sobre todo en zonas medias y acomodadas de ciudades como Quito y Guayaquil, convive con el déficit habitacional que sufren las clase bajas desde hace años.
Aunque entre 2006 y 2010 el gobierno otorgó préstamos hipotecarios en condiciones más laxas que los de la banca privada por USD 6 200 millones, de los que también pudieron beneficiarse los más necesitados, la carencia se calcula en 700 000 viviendas, según APIVE.
Al estilo de la “Misión Vivienda”, el multimillonario plan de viviendas para los más pobres impulsado en 2010 por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, el candidato oficialista Lenín Moreno propone construir 325 000 casas con distintos grados de subsidios a través del plan “Toda una vida”.
“Pero en el complicado escenario económico actual, no se trata solo de buscar los recursos para construirlas, sino de que haya demanda de gente que pueda pagarlas”, advierte Acosta-Burneo, de la consultora Grupo Spurrier.
