La prohibición de emisión de visados para seis países de mayoría musulmana y la suspensión del programa de refugiados, que iba a entrar en vigor hoy, han sido desactivas por dos jueces federales, pese a que la Casa Blanca aseguró hoy que pasará a la ofensiva en los tribunales «pronto».
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Los planes de poner en marcha hoy, 16 de marzo, una orden ejecutiva revisada para prohibir la entrada de personas de Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Irán y Siria durante 90 días y de suspender el programa de refugiados durante 120 días han quedado frustrados por la intervención de dos jueces federales.
Este miércoles, el juez del tribunal de distrito de Hawai Derrick Watson ordenó una suspensión temporal de toda la orden ejecutiva, mientras que hoy se sumó a él el juez federal de Maryland Theodore Chuang, cuya sentencia se ha centrado en desactivar la suspensión de entradas de personas de seis países musulmanes.
Los argumentos de ambos jueces para aceptar la suspensión solicitada por los fiscales generales de esos estados es que la pausa en la emisión de visados a seis países de mayoría musulmana no está basada en evidencias sólidas sobre una mayor amenaza terrorista hacia Estados Unidos y por lo tanto es una forma de discriminación por razón de religión o nacionalidad.
En una rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que la ley es «clara» y hay un «peligro real» de que al permitir la llegada de refugiados y la entrada de ciudadanos de esos seis países ocurran atentados.
Los jueces federales que han suspendido el segundo intento de Trump de reexaminar el programa de refugiados y los procesos de concesión de visados a países con historial de terrorismo (del que se excluyen otras naciones con historial terrorista como Egipto, Arabia Saudí o Pakistán) consideran que la Administración está siendo arbitraria en su suspensión.
«La falta de lógica en la disputa del Gobierno es palpable», asegura en su sentencia el juez Watson, quien considera que esta orden está orientada a prohibir la entrada de musulmanes, ya que más del 90 % de los ciudadanos practican esa religión en los países afectados.
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La nueva orden ejecutiva fue presentada hace diez días para sustituir a una previa de finales de enero que fue puesta en marcha sin previo aviso, sin despejar posibles contradicciones y dejando de manera indefinida a refugiados sirios fuera del país.
La orden fue suspendida por tribunales federales y la apelación del Gobierno de Trump fue rechazada, lo que llevó a la Casa Blanca a buscar una nueva vía para reinstaurar el decreto en su mayor parte, excluyendo en la segunda ocasión a los ciudadanos iraquíes, que estaba dentro del primer veto.
En este nuevo caso, el Gobierno aún tiene abierta la vía del recurso y como llegó a anunciar ayer el propio Trump en un acto político en Tennessee, podría incluso llevar el caso al Tribunal Supremo.
En su rueda de prensa diaria, Spicer afirmó que el Gobierno está explorando «todas las opciones» a su disposición para volver a poner en marcha un nuevo decreto presidencial y aseguró que es peligroso para el país que los jueces se sigan oponiendo al mandatario con «argumentos irracionales».
Según el juez federal de Maryland que hoy suspendió la parte de la orden ejecutiva que se refiere a seis países musulmanes, «hay indicaciones muy claras de que la seguridad nacional no es el propósito principal del veto migratorio».
En febrero un juez federal del estado de Washington suspendió la primera orden ejecutiva migratoria de Trump, que dejó a miles de personas atrapadas en aeropuertos y a otros muchos les imposibilitó viajar pese a tener sus documentos en regla, incluidos residentes permanentes.
«Si como ha prometido Trump continúa defendiendo esta orden indefendible en los tribunales, como ya pasó en la primera prohibición, va a seguir perdiendo», advirtió hoy en un comunicado Omar Jadwat, director del programa de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). EFE
