Ecuador denunció en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas que el aumento de la xenofobia contra los inmigrantes y refugiados se ha convertido en una de las mayores amenazas que pesan sobre los derechos humanos.
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«Los migrantes y refugiados, al buscar amparo más allá de sus fronteras, son cada vez más rechazados y estigmatizados», lamentó el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long.
Al intervenir en la 34 sesión del CDH, Long sostuvo que «el recrudecimiento de la xenofobia y de la intolerancia, la mentalidad de los altos muros y no de los largos puentes, es una de las mayores amenazas a la protección de los derechos humanos».
Long recordó que Ecuador es el mayor receptor de refugiados en la región de América Latina y el Caribe, con más de 60.000 personas a las que se ha otorgado este estatus, que les garantiza protección internacional por ser víctimas de violencia o persecución.
El canciller dijo además que los refugiados en el país gozan «de todos los derechos en igualdad de condiciones» y aseguró que esta política se mantendrá.
Al exponer la visión de los derechos humanos de su gobierno, Long dijo que se deben generar oportunidades de desarrollo en los países de origen de los migrantes y refugiados.
Long recalcó la urgencia de luchar contra todos los mecanismos que sirven para evadir impuestos, una tarea que Ecuador apoya mediante su participación en el órgano intergubernamental en materia fiscal en la ONU.
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La idea es «poner fin a la competencia fiscal hacia abajo que atenta contra los derechos humanos», agregó el canciller.
Varios expertos de la ONU en distintas temáticas de derechos humanos han coincidido en que los ingresos fiscales son la fuente más previsible, estable e importante para financiar la protección de los derechos humanos.
«No podemos permitir que las prácticas de evasión y elusión tributaria, y las herramientas para ello sigan aupando un sistema económico injusto diseñado para enriquecer a una pequeña minoría», planteó Long.
Long también dijo que Ecuador seguirá trabajando en colaboración con Sudáfrica y otros países que han tomado la iniciativa de elaborar un texto jurídico de cumplimiento obligatorio sobre las obligaciones de las transnacionales en derechos humanos.
