Los ecuatorianos recordarán, seguramente por mucho tiempo, un año tan singular como 2016, cuando sufrieron en carne propia la sacudida de un devastador terremoto y, en medio del embate de la crisis económica, asistieron al final de la «era» de Rafael Correa como presidente del país.
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Eran las 18:58 horas del sábado 16 de abril cuando la costa norte de Ecuador se estremeció con un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que causó la muerte de unas 670 personas, según el Gobierno.
La catástrofe sembró el dolor en el país y dejó una profunda huella de destrucción en amplias zonas de las provincias de Manabí y Esmeraldas, la primera de ellas la más afectada por el seísmo.
Entre trágicas escenas, durante los días y semanas posteriores al sismo se sucedieron el rescate de supervivientes, la recuperación de cadáveres, la llegada de ayuda humanitaria, la demolición de edificios en estado ruinoso y la retirada de escombros, para dar paso a los programas de reconstrucción, cuyo costo cifró el Gobierno en 3.344 millones de dólares.
Esa cantidad representa un fuerte golpe para la economía ecuatoriana, afectada este año por el fortalecimiento del dólar y la drástica caída del precio del petróleo, principal producto de exportación del país andino.
En esa difícil coyuntura, el Gobierno redujo el presupuesto de ingresos del Estado de los 37.317 millones de dólares de 2015 a 29.900 millones en 2016 y aprobó por ley un aumento de impuestos al tabaco, al alcohol y a ciertas bebidas azucaradas.
Y a esas medidas, tras la catástrofe, se sumaron otras orientadas específicamente a recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas, como el aumento por un año del impuesto al valor añadido (IVA) del 12 al 14 %, la aportación por parte de los trabajadores de un día de sueldo durante uno o varios meses en función del nivel de ingresos y un gravamen del 3 % a los beneficios empresariales.
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Al margen de las decisiones derivadas del terremoto, sectores de oposición criticaron al Gobierno por el endeudamiento asumido y por las subidas de impuestos al considerar que incurrió en un excesivo gasto público y que fue poco previsor por no disponer de fondos con los que afrontar problemas en los momentos complicados.
Pero el Ejecutivo defendió el endeudamiento como un mecanismo completamente lógico para impulsar el progreso del país y poder llevar a cabo muchas de las inversiones que ha abanderado y que, según afirmó, redundarán en el bienestar de todos los ecuatorianos.
El mandatario, Rafael Correa, reconoció la difícil coyuntura económica y admitió sentir preocupación por el aumento del desempleo, pero aseguró que, tras esas dificultades, se constata «una clara reactivación de la economía», así como la creación de empleo y vaticinó que «el 2017 será un año de crecimiento».
Ecuador concluye 2016 en ambiente preelectoral, pues en febrero de 2017 se celebrarán elecciones para renovar la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y elegir a un nuevo presidente, ya que Correa no puede presentarse de nuevo como candidato a la jefatura del Estado al haber sido reelegido ya una vez.
El gobernante manifestó su deseo de trasladarse durante un tiempo a vivir en Bélgica, país de origen de su esposa, Anne Malherbe.
Los candidatos que aspiran a la Presidencia del país son el exbanquero Guillermo Lasso, por el movimiento CREO (centroderecha); el exalcalde de Quito Paco Moncayo, por Izquierda Democrática (socialdemócrata) y el exasambleísta Abdalá «Dalo» Bucaram, por el joven partido Fuerza Ecuador.
El exvicepresidente Lenín Moreno, por el movimiento oficialista de izquierda Alianza País; la exasambleísta Cynthia Viteri, por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (derecha); el excanciller Patricio Zuquilanda, del Partido Sociedad Patriótica; el exfiscal Washington Pesántez por Unión Ecuatoriana y el médico Iván Espinel, por Compromiso Social, completan la nómina.
Las encuestas conocidas dan ventaja al oficialista Moreno, seguido de Lasso y Viteri, pero revelan también un porcentaje de indecisos que supera el 50 % de los votantes.
Fuente: EFE