El Ejército mexicano, siguiendo órdenes de un capo del estado de Guerrero, fue el máximo artífice de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la muerte de seis civiles la noche del 26 de septiembre de 2014, según una investigación de la periodista Anabel Hernández.
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«Esa noche ocurre un evento donde participa el Ejército, que coordina como mando supremo todas las autoridades, el alcalde, la Policía Federal, estatal y municipal», dijo en entrevista con Efe Hernández, autora del libro «La verdadera noche de Iguala».
La Premio Nacional de Periodismo 2002 en México recoge en esta investigación de dos años numerosos documentos y entrevistas que prueban, como ya denunciaron organismos internacionales, enormes irregularidades en torno a la investigación de la tragedia de Iguala, y da nombres y apellidos sobre los verdaderos responsables.
Según su investigación, fue el Ejército el que ordenó parar dos autobuses tomados por los estudiantes, pues llevaban un cargamento de heroína valorado en dos millones de dólares.
Según la versión oficial, los 43 jóvenes fueron arrestados por policías municipales de Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero.
No obstante, según la periodista, fue el Ejército el que tomó el control de la situación, siguió órdenes de un capo local desvinculado de Guerreros Unidos y desapareció a los jóvenes para eliminar testigos.
«Hay casquillos que prueban la participación armada del Ejército. El Ejército disparó esa noche y el Gobierno lo ha negado», resaltó.
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Prueba de ello son los peritajes de balística de esa noche, con casquillos y perforaciones en varios vehículos con balas fabricadas por la Secretaría de la Defensa, agregó.
«En vez de procesar (funcionarios implicados), el Gobierno mexicano decidió hacer una operación de encubrimientos, que es otra etapa del crimen», denunció.
Numerosas instituciones han denunciado la imposibilidad de entrevistar directamente a miembros del Ejército sobre la noche de Iguala.
De los 120 detenidos por el caso, el 90 % de ellos fueron «brutalmente torturados», tal y como revelaron exámenes médicos y denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, por ejemplo.
A base de confesiones se construyó la llamada «verdad histórica», que se centra en el cártel Guerreros Unidos y que, según esta experta en narcotráfico, es una organización menor.
Varios jóvenes de Cocula también fueron señalados como los sicarios encargados de desaparecer a los 43.
Según la periodista, sus declaraciones son «contradictorias» y fueron fruto de «brutales torturas».
Entrevistando a los familiares de las víctimas, Hernández descubrió que eran albañiles que vivían «en la miseria extrema» y formaban parte de un programa de apoyo gubernamental para población de muy bajos recursos.
Todo ello, aseguró, derrumbaría la hipótesis del basurero de Cocula, que también fue rechazada por el grupo de expertos de la CIDH o el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense.
Acorde a testimonios de vecinos de la zona, los 43 estudiantes no fueron agrupados, sino que los movieron en distintas direcciones.
Uno de ellos incluso aseveró que vio al menos dos camionetas de la Policía ministerial (adscrita a la PGR) con personas apiladas «unas sobre otras, como cerdos», detalló.
El minucioso relato de «La verdadera noche de Iguala» se ha visto además reforzado por dos informes elaborados este año por César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría General (Asuntos Internos) de la Fiscalía mexicana, hasta que renunció en septiembre pasado.
El primero de ellos relaciona a la propia PGR con la tragedia de los 43 estudiantes, pues estuvieron presentes la noche de la tragedia, y habla de 66 funcionarios – entre militares, marinos, policías y ministeriales (de la fiscalía)- involucrados en tortura para obtener confesiones.
«La PGR fue juez y parte en esta historia, lo cual invalida moralmente todas las actuaciones», consideró la periodista.
Los informes del visitador piden investigar a policías federales y a militares del 27 Batallón de Infantería (asentado en Iguala), en especial al capitán José Martínez Crespo, por posibles nexos con el crimen organizado.
También destapan irregularidades en la investigación en torno al río San Juan, donde se halló una bolsa con restos calcinados de uno de los estudiantes que sirvió para fundamentar la versión del basurero de Cocula.
Estos documentos fueron avalados por la entonces procuradora Arely Gómez -salió del cargo en octubre- pero no dejó al visitador poner la rubrica, ya que el presidente Enrique Peña Nieto pidió «tajantemente» que no salieran a la luz, denunció Hernández.
«Sé que el presidente ordenó que se cambiara el sentido del documento y las responsabilidades porque incluso prefería castigar algunos funcionarios públicos de la PGR a decir que todo el proceso fue ilegal, porque entonces se desbarataba totalmente la verdad histórica, la fabricada», denunció la periodista.
Fuente: EFE
