La oposición venezolana redoblará este viernes 28 de octubre del 2016 la presión contra el presidente Nicolás Maduro, con una huelga general que el gobierno prometió conjurar con intervenciones militares de las empresas que cesen actividades.
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“El llamado a paro ciudadano es para el pueblo: a dejar las calles y puestos de trabajo vacíos (…) para presionar que el gobierno acate la Constitución y respete nuestro derecho a elegir”, subrayó la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado.
Efectivos de la Fuerza Armada, cuyo alto mando declaró esta semana “lealtad incondicional” al presidente, inspeccionarán 720 empresas para verificar que estén funcionando.
“Vamos a tener un despliegue para garantizar al pueblo acceso a los alimentos y medicinas, que ningún hospital esté parado. La única manera de salir de las dificultades es trabajando”, declaró el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Maduro aseguró que responderá enérgicamente al “sabotaje” y “golpe parlamentario”, refiriéndose a la huelga y al plan de la mayoría opositora legislativa de declararlo en “abandono del cargo”, al responsabilizarlo de la crisis política y económica.
“No voy a aceptar ningún tipo de conspiración. Empresa parada, empresa recuperada por los trabajadores y la revolución”, sentenció.
Huelga con aumento salarial
Justo en la víspera, el presidente socialista anunció un aumento del 40% en el ingreso mínimo -llegando a unos USD 140 a la tasa de cambio oficial- y el pago adelantado de aguinaldos.
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“La huelga será un rotundo fracaso (…). Vamos a trabajar con mucho más esfuerzo celebrando el aumento de salario. Con la clase obrera, vigilaremos que el ente patronal no paralice las labores”, aseguró el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera.
Pese a ser el cuarto aumento que decreta Maduro en 2016, los venezolanos se quejan de que los salarios no alcanzan para nada, ante una imparable inflación que el FMI calcula en 475% para este año, la más alta del mundo.
Empresarios y economistas, por su parte, acusan al modelo socialista de “desmantelar” la capacidad productiva del país petrolero, golpeado por la caída de los precios del crudo y dependiente de las importaciones.
La Confederación de Industriales de Venezuela llamó a sus empresas a “dar libertad” a los empleados de participar en la huelga por ser la protesta “un derecho constitucional”.
En tanto, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) dijo que responderá al llamado porque la crisis afecta “en su inmensa mayoría” a la fuerza laboral.
Según la firma Venebarómetro, Maduro enfrenta una impopularidad de 76,4% y un 67,8% se dice a favor de revocar su mandato, que concluye en enero de 2019.
