La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció, el lunes, que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de seis cargos contra setenta y dos individuos señalados por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, complicidad en la posesión y distribución de heroína, cocaína base, cocaína, marihuana y conspiración para poseer armas de fuego en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Policía de Puerto Rico están a cargo de la investigación.
Según la fiscal federal, durante el transcurso de la conspiración, con el fin de poder operar un punto de drogas en el residencial Vista Hermosa en San Juan, supuestamente la «renta» a los residentes se pagaría a los líderes de la organización criminal.
La acusación alega que los conspiradores tenían muchas funciones con el fin de promover los objetivos de la organización de tráfico de drogas. Sirvieron como «líderes», «dueños de puntos de drogas», «corredores», «vendedores», «procesadores de drogas», entre otras funciones. También, como parte del esquema, los conspiradores armados proporcionaron seguridad al punto de drogas en Vista Hermosa. Los miembros de la organización de narcotráfico estaban bajo las normas dictadas por los líderes con respecto a la ubicación de las sustancias controladas y dónde podrían ser vendidas. Si se violaban dichas normas, el líder usaba la fuerza, la violencia y la intimidación contra los delincuentes en un esfuerzo por mantener el orden dentro de Vista Hermosa.
La fiscal federal detalló que los acusados son: Jaret Navedo Meléndez, Julio González Burgos, José Davier Carvente Guzmán, Kilpatrick Acosta Cruz, Sergio Santa Otero, Jeancristh Reyes Masso, Carlos Hernández Rodríguez, Ángel Román Ayala , Jessenia Díaz Colón, Elba Iris Estrada Negrón, Rafael Álvarez Cruz, Noel Manzano Cintrón, Carlos Luis Hernández Rodríguez, y un individuo conocido como «Alex Tota», actuaron como líderes o propietarios de puntos de drogas. La organización también tuvo seis (6) conspiradores, dos (2) procesadores de drogas, nueve (9) corredores, cuarenta (40) vendedores, y un facilitador.
La fiscal federal Vanessa Bonhomme y la fiscal federal Kelly Zenon Matos están a cargo del procesamiento del caso.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena mínima de diez (10) años y hasta cadena perpetua.
