En su participación hoy en la Quinta Conferencia Anual sobre Finanzas Municipales organizada por el Centro Hutchins sobre Política Pública Monetaria y Fiscal de la Institución Brookings, el gobernador Alejandro García Padilla resaltó que bajo la ley federal Promesa la Isla ha obtenido herramientas de reestructuración que le permitirán la recuperación económica.
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El primer mandatario fue el orador invitado de la actividad.
“La situación fiscal de Puerto Rico ha estado en el escenario mundial desde hace varios meses. Es de conocimiento público que el país no puede pagar la deuda de $70 mil millones que fue generada por pasadas administraciones y sus acreedores, y por consiguiente, dicha deuda debe ser reestructurada”, informó García Padilla a los asistentes.
El primer ejecutivo tuvo oportunidad para hablar sobre la crisis fiscal que enfrenta el gobierno de Puerto Rico y que presenta consecuencias negativas en la calidad de vida de los residentes de la isla.
Del mismo modo, el gobernador fue específico en las circunstancias particulares que desataron la crisis fiscal en Puerto Rico, haciendo alusión como ejemplo principal la contracción en el sector industrial tras la eliminación por parte del Congreso federal de la Sección 936 en el año 1996. Hasta sección fue eliminada con efectividad paulatina, hasta el 2006.
Además, detalló las diferencias entre el caso particular del país y otras ciudades o estados de Estados Unidos que cuentan con otras herramientas provistas por el mismo gobierno federal, que les facilitan su recuperación.
El mandatario fue enfático en las posturas y acciones estratégicas tomadas por su administración, “que hoy permiten que este cuadro sea diferente. Guiado por su política pública y su visión de un desarrollo económico sustentable para el país, el gobernador aseguró que Puerto Rico se presenta hoy a un nuevo comienzo y que su gobierno trabaja con mayor ahínco en la construcción de una sólida economía”, se indica en las declaraciones escritas suministradas a los medios de comunicación.
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“Mi administración actuó con rapidez y adoptó de inmediato medidas de austeridad, recortando el presupuesto y reduciendo gastos. Además, retuvimos pagos de reintegros y cuentas por pagar a proveedores por más de $2 mil millones. Esto ocasionó que perdiéramos crédito comercial y la capacidad de pagar las deudas. Sin embargo, inhabilitados de poder declararnos en bancarrota, estábamos desprotegidos y sin capacidad para actuar responsablemente en una fecha crucial”, expuso García Padilla.
Ante dicho escenario, el mandatario calificó a Promesa como “la única solución para la crisis fiscal que atravesaba la isla y las delicadas condiciones de vida que comenzó a experimentar la sociedad puertorriqueña”.
Esta ley debe proveer “las herramientas legales para completar una reestructuración de la deuda integral y justa, tanto para el país como para los acreedores y permite la revitalización de Puerto Rico. Aunque no es una medida perfecta, ya que crea una Junta de Control Fiscal que atenta contra la democracia de las instituciones del Estado Libre Asociado, constituyó la única alternativa a la hora de elegir entre exponer al pueblo a la miseria o la intervención del gobierno federal en nuestra democracia”, argumentó García Padilla.
“Las medidas de austeridad que tomamos a tiempo, aseguraron que estuviéramos listos. Contamos con el enfoque equilibrado que estimulará nuestra economía. Los retos no han acabado y la solución no llegará de la noche a la mañana, pero nuestros planes nos aseguran un futuro más brillante. Estamos en el camino correcto para reestructurar nuestra deuda y recuperar nuestro crecimiento económico”, sostuvo el ejecutivo.
