El canciller Guillaume Long pidió hoy, 15 de junio, una reforma «integral» del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la Comisión (CIDH) deje de ser una «agencia que se dedica a la política» y se traslade de Washington a un país que haya firmado la Convención Americana.
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«La Corte (CorteIDH, con sede en Costa Rica) debe ser el centro del sistema y puede haber una Comisión, por supuesto, que juegue un rol de tramitar, de ser puerta de entrada de demandas de derechos humanos, pero no puede ser una suerte de agencia que se dedica a la política y a poco más», dijo Long en una entrevista con Efe en Santo Domingo.
El canciller ecuatoriano encabeza la delegación de su país en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluye hoy en la capital dominicana.
«Desde el Ecuador venimos alertando desde hace varios años, es casi una política de Estado nuestra, de que el Sistema no está funcionando bien, hay una financiación, sobre todo a la CIDH que es muy ‘ad hoc’, muy voluntario, y cuando es voluntario puede haber un año sí y otro no, no genera estabilidad, no permite planificar», afirmó el canciller.
«Desde Ecuador alertamos de que iba a haber una crisis de financiación, no nos alegramos para nada, creemos que es muy grave y muy triste porque no se juega con los derechos humanos, pero la venimos alertando y en ese sentido creemos que es importante que se haga la reforma institucional en este momento, ya», agregó.
Junto a la crisis en Venezuela, el otro tema en el punto de mira en la Asamblea de Santo Domingo es la CIDH, que vive la peor crisis financiera de su historia y tendrá que despedir al 40 % de su personal (30 personas) en julio y suspender labores clave si no recibe inmediatamente al menos uno de los dos millones de dólares que le faltan este año para cumplir mínimamente con sus funciones.
Preguntado por si Ecuador aportará fondos a la CIDH en los próximos días para superar esta crisis, Long dijo que su país está en contra de las contribuciones voluntarias tanto a la Comisión como a la Corte porque provocan inestabilidad y generan «direccionamientos políticos» de los donantes.
«Estamos en contra de las contribuciones voluntarias, estamos en esta crisis porque no ha habido seriedad en el manejo de los recursos. (…) Si el presupuesto cambia de un día para otro según aportes, claro que va a generar problemas de estabilidad. (…) Además de que cuando es voluntario suele ser direccionado y eso genera una politización de algo tan delicado como los derechos», manifestó.
