El Gobierno de Ecuador demandó hoy 29 de mayo un cambio radical en el modelo de financiación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, en un comunicado expresó que el modelo de aportes de entidades privadas y Estados que no forman parte de la OEA ha contribuido a la situación de crisis financiera que afronta actualmente dicha comisión.
«La crisis financiera de la CIDH es el resultado de un modelo equivocado, basado en aportes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano», expresó Long.
Aseguró que ese modelo equivocado de financiación «no solo ha sentado las bases de la crisis, sino que ha politizado el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos en el continente».
«Debemos cambiar radicalmente el modelo actual, porque esta politización erosiona gravemente el sistema» interamericano, añadió el jefe de la diplomacia ecuatoriana.
Ecuador ha expresado reiteradamente su preocupación por el modelo de financiación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según Quito, «basada en aportes no permanentes, condicionados y direccionados, provenientes de entes privados y Estados externos al Sistema Interamericano».
«La brusca e inesperada reducción de las aportaciones de dichos donantes ha provocado la grave crisis financiera que ahora atraviesa esa institución», señaló la Cancillería en un comunicado.
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En ese sentido, dijo que «Ecuador renueva su propuesta integral de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sometido a la consideración de los Estados en reiteradas ocasiones».
El pasado lunes, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, consideró «preocupante» el «desinterés» de los Estados miembros de la OEA por la financiación de la comisión que, según dijo, está «en una situación gravísima».
La CIDH, en un comunicado difundido ese mismo día, aseguró que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable «el desmantelamiento de áreas esenciales», la suspensión de visitas y audiencias y el despido de un 40 por ciento de la plantilla.
La OEA, integrada por 34 Estados del continente -todos menos Cuba-, aporta a la CIDH solo el 6 % de su fondo regular (4,8 millones de dólares), mientras que países europeos y otros donantes lo hacen con otros 5 millones en aportaciones voluntarias, con las que la comisión no puede contar con seguridad.
Este año, la CIDH recibió un total de 2,8 millones de dólares en aportaciones voluntarias, el 85 % de Estados Unidos.
Los otros países de la OEA que contribuyeron con fondos voluntarios fueron Argentina (40.000 dólares), Uruguay (24.460 dólares) y Perú (5.000 dólares).
De los Estados que no forman parte de la OEA, solo aportaron fondos Dinamarca (212.681 dólares) y España (47.181 dólares).
Cavallaro estimó que con menos de 12 millones anuales la CIDH no puede mantener sus funciones actuales y subrayó que serían necesarios al menos 24 millones de dólares para poder tener un sistema «con plazos razonables».
Fuente: EFE
