BRASILIA — El proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff se acercaba a una votación decisiva el domingo en medio de gritos y empujones entre los legisladores que están en contra y a favor de la medida.
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Afuera, miles de manifestantes de ambas posiciones marchaban.
Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados y quien dirige las gestiones para destituir a la mandataria, pidió «silencio» y respeto.
La sesión extraordinaria es la conclusión de meses de pugnas, en que los dos bancos intercambiaban acusaciones de «golpistas» y «ladrones».
Las emociones han sido intensas desde que el proceso comenzó el viernes en la Cámara de Diputados con sesiones ruidosas y desordenadas. Frente a la legislatura en Brasilia manifestantes de uno y otro bando marchaban. Las autoridades erigieron una muralla de más de un kilómetro de largo para mantener apartados a los dos bandos.
Si 342 de los 513 miembros de la cámara baja votan a favor del juicio político, el proceso de remite al Senado, donde otra votación podría suspender a Rousseff y entregarle el cargo al vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff acusa de ser parte de una conspiración en su contra.
Si los legisladores votan en contra de destituirla, las gestiones para separarla del cargo quedarían canceladas. Cualquier proceso subsiguiente tendría que comenzar desde cero.
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Los diarios han estado actualizando sus cálculos sobre los votos a favor y en contra casi a cada hora. Debido a que hay unas dos docenas de legisladores indecisos, el resultado parece impredecible.
La presidenta de Brasil afronta el juicio político por las acusaciones de que incumplió las normas fiscales. Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.
Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares. Las acusaciones, afirma, forman parte de un «golpe» liderado por la elite tradicional de Brasil para arrebatar el poder al izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha gobernado el país durante los últimos 13 años.
La votación del domingo se produce mientras el país más grande de América Latina afronta problemas en muchos frentes. La economía se contrae, la inflación ronda el 10% y un brote del virus del zika, que puede causar devastadores defectos congénitos, afecta a zonas del nordeste del país. Río de Janeiro se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto, pero los drásticos recortes de presupuesto han alimentado el temor sobre si Brasil estará lista para hacer de anfitriona.
Conforme la impugnación de Rousseff dejaba de ser una posibilidad remota, crecía la preocupación sobre su posible sucesor. También ha aumentado el descontento ante la ironía de que muchos de los que reclaman su marcha afrontan sus propias acusaciones de corrupción.
Temer, de 75 años y miembro del movimiento Democrático Brasileño —un partido que carece de una ideología concreta y con una reputación de regateo entre bastidores— ha intentado presentarse como un estatista por encima de las disputas, una figura de unidad que puede sanar al país.
Sin embargo, se le ha relacionado con la enorme red de corrupción centrada en la estatal petrolera Petrobras. Además, como firmó algunas de las maniobras contables en disputa, Temer podría terminar afrontando un proceso de juicio político en su contra.
El segundo en la línea de sucesión de Rousseff es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la fuerza impulsora del juicio político y viejo enemigo de la presidenta. Él afronta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos por supuestamente aceptar unos 5 millones de dólares en sobornos en relación con el escándalo de Petrobras, y también podría verse despojado de su mandato por las acusaciones de que mintió a un comité del Congreso cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. Más tarde aparecieron documentos que los vinculaban a él y a su familia con cuentas en Suiza.
Renan Calheiros, jefe del Senado y tercero en la línea de sucesión, también afronta varias acusaciones de corrupción por el caso Petrobras. Más de la mitad de los 65 diputados de la cámara baja que respaldaron la impugnación de Rousseff afronta acusaciones de corrupción o de otra clase, al igual que el 60% de los 595 miembros del Congreso.
Sólo el Tribunal Supremo puede jugar a los legisladores y otros políticos destacados en Brasil, un estatus legal que los protege en buena parte de ser procesados.
Rousseff ha hecho hincapié en las acusaciones de corrupción contra sus enemigos, insistiendo en que no es la única manchada por casos de corrupción.
El argumento parece haber tenido efecto, incluso entre los mayores defensores del juicio político.
«Me sentiría mucho más cómodo si alguien limpio —sin cargos, sin acusaciones— dirigiera este proceso, pero eso es difícil de encontrar en el Congreso brasileño», dijo Douglas Sandri, un ingeniero eléctrico de 25 años que viajó desde la ciudad sureña de Porto Alegre para participar en manifestaciones a favor de la impugnación. «Si se determina que Temer es corrupto, tendrá que irse, y todos los demás también».
Pero si bien buena parte del público parece compartir la postura de Sandri de deshacerse de todos los implicados, las acusaciones de corrupción que planean sobre los posibles sustitutos de Rousseff no parecen molestar a los partidarios del juicio político dentro de la cámara.
«La presunción de inocencia es una cláusula fundamental de nuestra Constitución. Estar acusada o ser la acusada de un caso no convierte a una persona en deshonesta», dijo Hiran Goncalves, representante del estado amazónico de Roraima, que está a favor de la impugnación.
Varios diputados que tenían previsto votar contra el juicio político han llamado la atención sobre la supuesta corrupción de sus colegas, en especial Cunha, durante el debate de este fin de semana.
Rousseff es «una mujer honesta, y Cunha es corrupto», afirmó Moema Gramacho, representante de Salvador y que vestía una cinta con las palabras «¡Fuera Cunha!».