El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, defendió hoy la reforma en el sistema penal ecuatoriano, que establece penas al narcotráfico proporcionales a la cantidad de droga decomisada y distingue entre el «gran narcotraficante», el «microtraficante» y el consumidor.
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«Hasta 2014, la ley ecuatoriana sobre tráfico de drogas estaba obsoleta. No distinguía entre consumidor y traficante, y castigaba por igual al pequeño vendedor que al gran narcotraficante», declaró Jalkh a Efe en el marco de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebra en Asunción.
Los cambios legislativos permiten ahora «identificar al gran narcotraficante, que ya no puede eludir fácilmente la ley», mientras que el pequeño traficante «recibe una sanción específica en relación a la cantidad» de sustancias ilícitas que se encuentren en su poder.
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Jalkh agregó que los organismos judiciales disponen de unas tablas que presumen qué cantidades de droga se relacionan con el consumo y cuáles están vinculadas con el acopio o la comercialización a pequeña escala.
Para quienes son identificados como consumidores, con base en la cantidad que poseen y a exámenes psicológicos y toxicológicos, la Justicia ecuatoriana no prevé ninguna sanción, sino la recomendación de medidas vinculadas a la salud pública.
El representante del Poder Judicial de Ecuador manifestó que este tipo de medidas contribuyen a que el sistema penal sea «más eficiente», y a que la población carcelaria no se incremente.
Resaltó que Ecuador mantiene una población carcelaria de aproximadamente 155 reclusos por cada 100.000 habitantes, una cifra «muy por debajo del promedio latinoamericano».
