Agentes de la Fiscalía de Ecuador, en una diligencia coordinada con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la agencia de recaudación del Estado, allanaron este 12 de abril la oficina de una empresa consultora tributaria en Quito presuntamente ligada al escándalo conocido como papeles de Panamá.
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En la diligencia, por presunto delito de evasión fiscal, las autoridades ecuatorianas se han incautado de documentos y actas relacionadas con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, fuente de la filtración de información sobre gestión de capitales en paraísos fiscales.
El Ministerio Público, según publica en su web la agencia pública de noticias Andes, estima que la oficina de la firma consultora en Quito habría ayudado a ciudadanos extranjeros a evadir las leyes tributarias locales y al ocultamiento de propietarios de empresas de papel para cometer otros actos ilícitos.
En la diligencia se han encontrado contratos y otros documentos con el logotipo del bufete Mossack Fonseca, los cuales han entrado en una cadena de custodia como parte de la indagación.
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El director del SRI, Leonardo Orlando, ha indicado que Ecuador consta en una lista de más de 300 países que presuntamente tenían empresas que intermediaban a través del bufete panameño.
El escándalo papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o exjefes de Estado.
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El propio fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, fue mencionado en el escándalo, pero negó tener cuentas en Panamá, aunque admitió que una empresa, Madrigal, está bajo su nombre en el país centroamericano y que figura entre los bienes que ha declarado.
«No tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal, la compañía Madrigal no hace operaciones de ninguna naturaleza ni en el país, ni en Panamá ni en ningún lado del mundo y eso espero que sea verificado por la auditoría que haga el Servicio de Rentas Internas», declaró recientemente.
El fiscal explicó que la constitución de esa compañía tuvo lugar en 1999, cuando él no ejercía actividad pública y se inscribió en un proceso en el que un banco no pudo honrar una obligación en su favor, por lo que recibió como pago los derechos judiciales de un crédito hipotecario. EFE
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