Panamá salió a la defensa de su tradicional actividad financiera y afirmó que no dejará que se golpee a esa actividad estratégica, ante el impacto generado por las revelaciones de documentos filtrados de uno de sus bufetes más conocidos en la creación de empresas de papel en ultramar.
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Las autoridades del país centroamericano, cuya economía se basa primordialmente en los servicios, se activaron junto a la comunidad empresarial y jurídica para enfrentar los posibles perjuicios tras la publicación de millones de documentos de la firma Mossack Fonseca.
«No vamos a aceptar que se use a Panamá como ‘chivo expiatorio’ de las acciones y responsabilidades de terceros», dijo el ministro de la Presidencia, Alvaro Alemán, quien no está de acuerdo en que las publicaciones se hayan bautizado como «Panama Papers» o los documentos de Panamá. Hay otra veintena de jurisdicciones con ventajas fiscales que se mencionan en los informes, refirió.
«Rechazamos que se quiera pisotear el nombre de Panamá ignorando la participación en operaciones offshore de instituciones e individuos de otras naciones», agregó el ministro, junto a otros altos colaboradores del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
La administración panameña sostiene que se están ignorando las reformas que ha realizado en los últimos años para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en su plaza financiera y comercial.
El gobierno advirtió, al mismo tiempo, que tomará medidas restrictivas comerciales a aquellas naciones que coloquen al país en listas de paraísos fiscales o «discriminatorias». Francia anunció el martes que volverá a insertar al país centroamericano entre un grupo de naciones calificadas como paraíso fiscal.
