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El examen especial que realiza la Contraloría será fundamental para determinar si hubo un perjuicio para todos los ecuatorianos en la compra de un terreno que realizó el Ministerio del Ambiente (MAE) al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), donde se construyó una parte del parque Samanes de la ciudad porteña de Guayaquil.
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De las 372 hectáreas que tiene el Parque Samanes, el MAE compró al ISSFA 220 hectáreas por las cuales pagó la cantidad de 48 millones de dólares, cifra determinada por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. No obstante, un avalúo del Municipio de Guayaquil determinó que ese predio tenía un valor de 7,3 millones de dólares, causando de esta forma un perjuicio para la población.
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En noviembre de 2015 la Procuraduría General del Estado dispuso mediante oficio que las autoridades del MAE y el ISSFA “procedan a la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente a la adquisición de los terrenos, con la finalidad de que se calcule la diferencia pagada en exceso por parte del MAE al haber considerado un avalúo predial distinto al que la ley y el reglamento aplicable preveía”.
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Amparado en este pronunciamiento, el Ministerio de Finanzas anunció que se devolverá al MAE cerca de 41 millones de dólares que pagó en exceso y que se debite dicha cantidad al ISSFA, algo que generó el rechazó de miembros del Issfa y ex integrantes del Alto Mando militar que se solidarizaron con la institución.
