El acceso al internet fijo en las zonas rurales, para disminuir la brecha digital, es una de las preocupaciones de la empresa privada. Al respecto, Francisco Balarezo, Gerente General de Netlife, explica la situación actual del país en materia de telecomunicaciones.
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Balarezo indica que la actual Ley de Telecomunicaciones tiene cuatro años y existen algunos temas que ameritan tener una reforma. Coyunturalmente, una de esas oportunidades de mejorar el marco normativo fue el proyecto de ley de crecimiento económico (archivado por la Asamblea Nacional), donde se incluía cuatro artículos relacionados con el sector de las telecomunicaciones.
“Son cuatro artículos que se incluían en el proyecto de ley que tienen que ver con la posibilidad de que varios de los recursos que como operadores privados proveemos al Estado, como derecho de concesión por títulos habilitantes y uso del espectro, en lugar de ingresar al presupuesto nacional, el 80% de esos recursos puedan generar servicios a través del despliegue de redes, especialmente para zonas rurales deprimidas.
Este tipo de reforma cambiaría de modelo: de recaudatorio, se daría paso a obras para acortar las brechas sociales y digitales en la parte rural, que no tiene acceso a internet fijo.
Balarezo indica que el 60% de los hogares a nivel nacional, la mayoría en parroquias y zonas rurales, no tiene acceso a internet fijo. “Al ser nosotros un operador relevante, por tener mayor número de clientes a nivel nacional, es importante apoyar este tipo de reformas para la reasignación de recursos. De no haber este tipo de proyectos, esas zonas no podrán tener acceso a la tecnología”, indicó.
Balarezo indica que al no contar con este tipo de cambios o reformas, estas zonas van a seguir siendo marginadas, ya que no tienen el poder adquisitivo necesario para contar con el servicio y no llega la tecnología para que lo puedan hacer. “O el Estado asigna recursos para proveer esos servicios o del mismo sector de telecomunicaciones se reasignan valores para poder desplegar estas obras. En estos momentos no tenemos ninguno de los dos mecanismos, ni presupuesto ni reasignación de recursos”, señaló.
Además, mencionó que otro de los cambios que podría contribuir tiene que ver con el tributo a la participación del mercado: la empresa que más clientes tiene hace un pago de esta contribución. Una de las reformas que se plantea es cobrar este impuesto por ingresos, y eso plantea involucrar a los actores públicos. En ese sentido, según los ingresos se debería cancelar el tributo a base a una tabla que se ha desarrollado.
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Según Balarezo, los aportes que se darían con este nuevo modelo de asignación, recaudatoriamente genera más ingresos que lo que se paga actualmente. “Al operador le da lo mismo pagar el impuesto para el presupuesto del Estado o desplegar obras de tipo social. La gran diferencia es que es mejor devengar una proporción a través del despliegue de infraestructura”, finalizó.
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