El contrabando desde Colombia ha transformado la ciudad fronteriza de Tulcán, donde sus habitantes han sucumbido a las tentaciones de una actividad mucho más rentable que la agricultura o la ganadería.
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Cigarrillos, ropa, calzado y electrodomésticos de todo tipo son algunos de los productos estrella que a diario entran de contrabando a Ecuador a través de Tulcán.
Se trata de un fenómeno que ha ido en aumento y cambiado la realidad económica de esta urbe limítrofe, cuyo paso principal de personas y mercancías es el Puente Internacional de Rumichaca.
En 2017 se duplicó el valor de las incautaciones en la terminal que separa la provincia ecuatoriana de Carchi del departamento colombiano de Nariño.
«Se incautaron bienes por valor de 8,81 millones de dólares, en comparación con 2016 que fueron 3,9 millones», aseguró el gerente de la Aduana ecuatoriana, José Aráuz.
En las instalaciones de la terminal donde se reciben los productos decomisados, un lugar frío y gris, el funcionario describe que el contrabando es llevado a cabo por ciudadanos que antaño se dedicaban a actividades como la ganadería, agricultura o comercio.
La ciudad vivió en el pasado de esas actividades regulares pero los bajos ingresos económicos, la escasez de producción agrícola y ganadera han empujado a muchos a la ilegalidad.
«Los ciudadanos que antes elaboraban otras actividades han optado por ganar dinero más rápido, fácil y en mayor cantidad», asegura.
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Una vez interceptados son juzgados y condenados a penas de entre 3 y 5 años de cárcel si la mercadería que portaban supera los 10 salarios básicos, es decir, más de 3.860 dólares.
De lo contrario, la sanción es administrativa y es la misma Aduana la que sanciona.
El contrabando en ese punto fronterizo se ha convertido en una actividad rentable para sus vecinos pero es mucho más que un problema legal, y sus consecuencias en el comercio de la zona reflejan la agonizante realidad de la ciudad, con 47.359 habitantes.
La maltrecha economía ha quedado tocada por la falta de producción local, mientras que las ventas de sus almacenes son insignificantes en relación al dinero que procede del contrabando.
El alcalde de Tulcán, Julio Robles, advierte de que la falta de dinamización económica ha acabado «reprimiendo» la ciudad.
Un mero paseo por la urbe evidencia almacenes inhóspitos, calles desiertas y una actividad comercial en decadencia.
Liceth Caeño, comerciante de 24 años, asegura que «en comparación con años anteriores, las ventas tienden a bajar», y que sus clientes principales ni siquiera son de la provincia, sino «consumidores que pasan a Ipiales (en Colombia) y hacen un receso en Tulcán».
Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Tulcán, Bayardo Martínez, exige «líneas de crédito accesibles con tasas de interés preferenciales» para impulsar medios alternativos a las actividades ilegales.
Su propuesta incluye el apoyo a emprendimientos procedentes de la Academia y el fomento de proyectos que dinamicen la zona fronteriza a nivel industrial bajo un régimen especial y exenciones fiscales para colaborar en la generación de empleo local.
«A Tulcán se le debe implementar tecnología de calidad e innovadora y que la mano de obra sea preferencialmente de la zona», argumentó el responsable de la Cámara de Comercio.
Para frenar el fenómeno del contrabando, el mecanismo de seguridad ecuatoriano está integrado por una unidad de control fronterizo, formada por Policía, Ejército y el Cuerpo de Vigilancia aduanera, que han identificado seis puntos donde se realiza la actividad ilegal y que ahora está bajo un estricto control.
Sin embargo, parece insuficiente frente a los más avanzados medios logísticos de los que disponen los contrabandistas.
En noviembre de 2017, las autoridades aumentaron la tasa de control por sus servicios con la idea de adquirir equipos como escáneres de rayos X para vehículos y que podrían entrar en funcionamiento en mayo de este año.
De momento, los únicos beneficiarios de la situación son los contrabandistas, los ecuatorianos de sectores vulnerables a los que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dona los bienes incautados, o las arcas estatales a las que llegan tras las preceptivas subastas los electrodomésticos requisados. EFE
