En las semanas previas y posteriores al 1 de octubre de 2017, España vivió una serie de acontecimientos que hicieron temblar los cimientos políticos del país.
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La celebración del referendo por la independencia de Cataluña, que previamente había sido declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en un proceso que llevaba meses gestándose y cuyas consecuencias aún se sienten.
El 1 de octubre, en una jornada de tensión y violencia, las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron en numerosos puntos de votación y requisaron urnas.
Aquella actuación generó denuncias por uso desmedido de la fuerza. Más de 800 personas fueron atendidas aquel día por los servicios médicos, según el gobierno catalán.
Los resultados de la polémica consulta -que contó con un 43% de participación y sobre la que pesan denuncias de irregularidades- dejaron un 90% de votos a favor de la independencia.
