En la práctica, es como si no hubiera pasado nada: tras cinco meses de debate mediático, político y social, la ley que reglamenta el aborto en Argentina sigue siendo la misma.
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Pero es imposible pensar que no pasó nada, porque en lo simbólico, muchos creen que Argentina nunca será la misma.
El proyecto de ley de interrupción temprana del embarazo traspasó las fronteras de la política y se introdujo en la vida íntima de millones de argentinos: casi nadie se quedó al margen y casi todos tomaron postura en una discusión sobre la vida, la muerte, el Estado, el género, el sexo y la salud pública.
En la madrugada del jueves, el Senado, rodeado de cientos de miles de personas bajo la lluvia y el frío, rechazó la ley por 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones.
Ni anuncios en medios internacionales ni apoyo de influyentes personalidades locales e internacionales ni lobby de grupos feministas y progresistas lograron que el Senado estuviera de acuerdo con la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto hace un mes.
Aunque la maratónica sesión del Senado terminó entre informaciones de posibles variantes del proyecto o una modificación del Código Penal, los promotores de la norma tendrán que esperar al menos un año para introducirlo de nuevo al Congreso. Sería el octavo intento.
