Un jurado civil de Estados Unidos declaró este martes al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, responsables de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas en 2003 durante la llamada "Masacre de octubre".
PUBLICIDAD
Sánchez de Lozada es el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado responsable en Estados Unidos por abusos de derechos humanos.
De acuerdo con la sentencia, el exmandatario deberá indemnizar con US$10 millones a familiares de ocho indígenas aimaras que la policía mató durante los sucesos de 2003.
La sentencia a los dos exfuncionarios no contempla pena de cárcel por tratarse de un caso civil.
Ambos niegan los cargos presentados en su contra.
- La "Masacre de Octubre" va a juicio en EE.UU.: el histórico proceso al expresidente de Bolivia Sánchez de Lozada por las muertes en la "Guerra del Gas"
- Kuczynski y otros 5 presidentes de América Latina que no pudieron terminar sus mandatos por acusaciones de corrupción
El juicio a Sánchez de Lozada y su ministro se comenzó el pasado 5 de marzo en una corte civil en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, y el jurado inició las deliberaciones 21 días después.
La demanda estuvo enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las dos únicas leyes de ámbito extraterritorial en EE.UU. que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera del país.
PUBLICIDAD
Sin embargo, nunca hasta ahora se había conseguido llegar a juzgar a un expresidente por estos motivos.
Aunque no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, tanto Sánchez de Lozada, de 87 años, como Sánchez Berzaín, de 58, se presentaron en la corte en durante las sesiones iniciales.
La "guerra del gas"
Sánchez de Lozada gobernó Bolivia por dos periodos: primero de 1993 a 1997 y luego de agosto de 2002 hasta octubre de 2003, cuando huyó a Estados Unidos tras la revuelta de la Guerra del Gas.
El inicio de su mandato se vio estremecido por un intento de aumento de los impuestos, denuncias de enriquecimiento ilícito y el uso de la política en beneficio de sus negocios.
