A Edwin Ávila le quedaron grabadas las palabras de su esposa cuando este lunes supo que el fantasma de la deportación de Estados Unidos vuelve a rondar sus vidas: "¿Qué vamos a hacer? Nuestras hijas están aquí…".
PUBLICIDAD
Ambos son parte de los cerca de 200.000 inmigrantes de El Salvador que desde 2001 están habilitados a residir y trabajar legalmente en EE.UU. mediante un programa humanitario denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Pero el gobierno de Donald Trump anunció este lunes que acabará con esa protección para los salvadoreños, como ya lo había hecho antes para más de 50.000 haitianos y unos 2.500 nicaragüenses.
Se trata del último giro restrictivo en la política migratoria de Trump, cuyo gobierno también decidió el año pasado poner fin al programa DACA, que protegía de la deportación a 750.000 jóvenes indocumentados.
Todo esto puede ser visto como un asunto doméstico, con Trump resuelto a mostrar que cumple sus promesas de reducir la inmigración en EE.UU.
También puede verse como un tema regional, después que el gobierno de El Salvador pidiera infructuosamente a Washington mantener la salvaguardia a sus ciudadanos, cuyas remesas de dólares son vitales para la economía del país.
