El fútbol europeo vuelve a quedar bajo la lupa. Lucas Hernández, defensor del PSG y campeón del mundo con Francia, enfrenta una grave denuncia por trata de personas y explotación laboral que amenaza con convertirse en uno de los escándalos judiciales más delicados vinculados a una figura de élite del deporte. Junto a su esposa, Victoria Triay, el futbolista fue denunciado ante la Fiscalía de Versalles por una familia colombiana que habría trabajado en su residencia bajo condiciones irregulares.
La información, revelada por el medio francés Paris Match, sostiene que los presuntos hechos ocurrieron entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, periodo en el que la familia —integrada por dos adultos y tres menores— habría sido sometida a jornadas laborales extremas, sin contratos legales ni permisos de residencia.
¿De qué se acusa a Lucas Hernández y su esposa?
Según la denuncia, los demandantes aseguran haber trabajado entre 72 y 84 horas semanales, desempeñando múltiples funciones: seguridad privada, cocina, limpieza y cuidado de menores. Todo esto, presuntamente, sin contrato, sin afiliación a la Seguridad Social francesa y recibiendo pagos exclusivamente en efectivo, una práctica que, según la acusación, buscaba evitar cualquier rastro administrativo.
Los abogados de la familia colombiana sostienen que existió una intencionalidad delictiva clara, configurando delitos relacionados con trata de seres humanos, explotación laboral y vulneración de derechos fundamentales, figuras penales especialmente sensibles en la legislación francesa y europea.
¿Qué pruebas investiga la Fiscalía francesa?
El caso incluye episodios de alta tensión. Uno de los más delicados habría ocurrido en diciembre de 2024, durante un intento de robo en la vivienda del futbolista. De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, en ese incidente se habrían utilizado armas blancas y de fuego, hechos que podrían estar respaldados por grabaciones de cámaras de seguridad, actualmente bajo análisis judicial.
Tras finalizar la relación laboral en noviembre de 2025, la familia asegura haber sufrido presiones e intimidaciones verbales, motivo por el cual decidió llevar el caso ante la justicia francesa.