Dani Alves se encuentra en una prisión de España tras ser acusado de violar a una joven en un baño privado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.
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Alves está en la prisión de Brians 2 donde el futbolista comparte celda con otro recluso en una unidad destinada a albergar en su mayoría a personas vinculadas a delitos contra la libertad sexual.
Según los programas Ya es mediodía y Fiesta, Alves habría recibido una tarjeta de 100 euros para comprar en el economato.
Sin embargo, ha decidido solo gastar 7,33. ¿Qué compró? Seis yogures por 50 céntimos, cuatro latas de atún por 88 céntimos, un bote de shampoo por 2,42 euros; un desodorante por 2,39 euros y cuatro bebidas energéticas por 1,5 euros.
Además se conoce que tuvo la oportunidad de tener acceso a una televisión o a ropa deportiva, pero no las aceptó.
Dani Alves busca salir en libertad
La defensa del exjugador del Barcelona ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva.
Según han informado fuentes jurídicas, en su escrito, de más de 20 páginas y que se ha presentado este lunes ante el juzgado de forma telemática, el abogado Cristóbal Martell esgrime argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza instructora para enviar al futbolista a prisión, el pasado 20 de enero.
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El recurso pide a la Audiencia de Barcelona que revoque la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona y deje en libertad provisional al investigado, si fuera necesario con otras medidas cautelares menos gravosas, mientras se instruye la causa.
Alves se mostró dispuesto a llevar una pulsera telemática para garantizar el control de sus movimientos si la justicia acuerda dejarlo en libertad provisional mientras se instruye la causa judicial, según adelantó Antena 3.
La jueza de instrucción acordó el 20 de enero el ingreso en prisión provisional del futbolista al apreciar que presenta riesgo de fuga y de sustraerse de la acción judicial, teniendo en cuenta su capacidad económica, que reside en el extranjero y que tiene doble nacionalidad, brasileña y española.
En ese sentido, la magistrada razona en el auto que ahora ha sido recurrido que Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementa el riesgo de que el deportista intente huir de la Justicia española y refugiarse en su país de origen.
Para enviarlo a la cárcel, la juez tuvo en cuenta varios indicios que incriminan al futbolista -entre ellos los resultados de los análisis biológicos practicados o el visionado de las cámaras de vigilancia de la discoteca-, así como las contradicciones en que incurrió en su declaración frente a la versión persistente y contundente de la víctima.
EFE
