La firma de investigación y análisis independiente INVAMER reveló los resultados de un nuevo estudio de “Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Ecuador” que cobija todo el territorio continental ecuatoriano y cuyo principal hallazgo advierte que el país alcanzó un pico histórico en materia de comercio ilícito de cigarrillos, alcanzando un 84% de incidencia del mercado ilegal en el país.
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Este estudio y su metodología contó con el aval de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios. “Durante los años 2020, 2021 y 2022 la incidencia del comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador ya presentaba cifras alarmantes. Sin embargo, la tendencia se mostraba estable. Para 2023 la ilegalidad en esta categoría de productos tuvo un crecimiento importante de 5 puntos porcentuales. Esto tiene un efecto negativo directo no solo en el recaudo de impuestos y en la industria legal que se reduce a una participación del 16% del mercado, sino en la seguridad por cuenta del involucramiento constante de organizaciones criminales”, Martín Orozco, Gerente General de INVAMER.
El estudio realizado en las zonas urbanas y rurales de la Sierra, Costa y Amazonía del país determinó un crecimiento de 5 puntos porcentuales en la incidencia del comercio ilícito de cigarrillos, pasando de un 79% en 2022 a un 84% en 2023.
Esto representa un crecimiento abrupto de la ilegalidad y decrecimiento de los productos legales que únicamente controlan el 16% del mercado total de cigarrillos. Todas las regiones continentales se verían seriamente afectadas por este flagelo que alcanza cifras de 96%, 80% y 68% en Costa, Amazonía y Sierra respectivamente.
De acuerdo con el estudio de INVAMER – cuya metodología es representativa del territorio nacional-, el crecimiento del ilícito tiene como factor determinante el precio. Esto, debido a que los cigarrillos ilícitos son comercializados bajo un precio promedio de $2 dólares frente a los cigarrillos legales con un precio promedio de $7 dólares. Es decir, existe una brecha de casi 4 a 1 que influencia la compra debido al impacto directo que tiene en los bolsillos de los consumidores.
“En esta oportunidad, el desarrollo del estudio contó con una validación externa metodológica por parte de la Universidad de los Hemisferios. Esto nos permite tener hoy la investigación más amplia, rigurosa y completa en materia de comercio ilícito del país”, señaló Orozco.
Es importante mencionar que cada unidad de cigarrillo legal tiene una carga de impuestos de $0.16 debido a las Reformas Tributarias realizadas en 2015 y 2016 que representaron un incremento del 73%. A raíz de estas decisiones fiscales, la incidencia del contrabando ha crecido año tras año del 5% (2015) al 84% (2023) y el Estado ecuatoriano ha dejado de recaudar alrededor de 270 millones de dólares anuales en impuestos correspondientes a cigarrillos legales. Es decir, más de 2.000 millones de dólares en 8 años. Es importante recalcar que, si bien las Reformas Tributarias tuvieron como objetivo desincentivar el consumo de cigarrillos, este se mantiene y ha migrado a productos ilegales.
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Las marcas ilegales que mayor participación tienen en el mercado provienen de Asia con un 72%. Entre las marcas más comercializadas se encuentran Carnival y Silver Elephant. Es importante resaltar que las marcas, cuyo origen es ilícito, ingresan al país de manera ilegal a través de puertos y fronteras y son más económicas debido a que no pagan impuestos, no cumplen con las advertencias gráficas de salud y no cumplen con los estándares de calidad, logística y almacenamiento que exige la normativa legal vigente.
La comercialización de cigarrillos ilegales en el país se da principalmente en tiendas de barrio y a través de comerciantes ambulantes. Es decir, la disponibilidad de estos productos se encuentra abierta y requiere de mayores controles por parte de autoridades para así reversar una tendencia que muestra cifras críticas y altas posibilidades de que en pocos años se tome la totalidad del mercado. El llamado a la acción resulta imperativo y urgente, sobre todo en el actual contexto en el que el Estado le ha declarado abiertamente la guerra al crimen organizado que encuentra en el contrabando una de sus principales fuentes de financiación.
