El Pleno de la Corte Constitucional reconoció el derecho ciudadano a la libre expresión y protesta pacífica, pilares de la democracia ecuatoriana, pero enfatizó que estos deben ejercerse “sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía para velar por el interés general”.
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El organismo recordó que los espacios apropiados para debatir la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas convocadas para el 18 de agosto de 2025. Recalcó que no ha tomado ninguna decisión de fondo sobre las leyes cuestionadas y que todos sus servicios siguen activos, tanto presencialmente como a través del Sistema Automatizado de la Corte Constitucional.
La Corte detalló una serie de hechos ocurridos desde el 11 de agosto:
- El vallado perimetral habitual de la institución fue retirado sin notificación previa.
- El perímetro fue militarizado con un despliegue inusual de Fuerzas Armadas.
- La mañana del 12 de agosto, la escolta institucional logró restablecer el vallado tras varias gestiones.
- Durante la marcha, se colocaron vallas publicitarias con los rostros de juezas y jueces de la Corte, lo que calificó como un acto de estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal.
La Corte Constitucional subrayó que, como máximo órgano de control e interpretación de la justicia constitucional, requiere garantías para su funcionamiento, incluyendo la integridad física de sus autoridades y la inviolabilidad de sus instalaciones.