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Disponen separar a jueza Yadira Proaño del caso Ola Bini

Bini, en un principio, fue acusado de un delito grave de piratería informática,

La Función Judicial dispuso que la jueza Yadira Proaño sea separada del proceso penal contra el ciudadano Ola Bini. El abogado del informático, Carlos Soria, comentó de la decisión vía Twitter.

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«Hoy la justicia ecuatoriana le ha dado la razón a Ola Bini y ha sentenciado que la Jueza Yadira Proaño sea separada del conocimiento del proceso penal. Ahora un nuevo juez deberá resolver la situación legal», escribió vía Twitter.

Caso

La jueza Yadira Proaño, tras una audiencia que había sido aplazada en al menos cinco ocasiones anteriores, llamó a juicio a Bini como «presunto autor del delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones», informó la Fiscalía en un comunicado.

Bini, de 38 años y que niega los cargos en su contra, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.

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Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Entre los más de 60 elementos de convicción que la Fiscalía argumenta para procesarlo, figuran unos informes periciales de informática forense y la información obtenida de Estados Unidos a través de una Asistencia Penal Internacional, mediante la cual se extrajeron archivos de un dispositivo electrónico del imputado.

Asimismo, la Fiscalía ha presentado oficios de la Cancillería ecuatoriana, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y de otras entidades públicas y privadas.

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De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, el delito por el que está encausado el ciudadano sueco se sanciona con entre 3 y 5 años de prisión.

Bini, en un principio, fue acusado de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos del Estado, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a «acceso no consentido».

Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia del coronavirus.

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