El futuro del alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en manos del Concejo Metropolitano quien ya inició el primer pedido de remoción. Si se aprueba remoción, Yunda podría dejar su cargo en menos de un mes.
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A las 08:30 en punto se instaló la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, pero minutos antes, Yunda se dirigió a los medios de comunicación presentes.
Yunda dijo que “no vamos a permitir que pocos concejales vulneren la voluntad del pueblo“. Y ratificó que acudirá a instancias nacionales e internacionales si el Concejo Metropolitano da paso a la remoción.
“El señor Vicealcalde que es mi juzgador sería el primer beneficiario si es que hay una remoción. No es justo, desde el tiempo de los griegos el juzgador tiene que ser totalmente objetivo e imparcial, eso no se da aquí”, sostuvo Yunda.
Declaraciones del alcalde Jorge #Yunda previo al inicio de la sesión del Concejo Metropolitano de #Quito. Este miércoles se tramitará las solicitudes de remoción.
— Metro Ecuador (@MetroEcuador) June 2, 2021
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El Concejo Metropolitano necesita 14 votos para la remoción del alcalde de Quito.
¿Qué viene después?
Si se aprueba esta remoción, Yunda podría acudir vía consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el término de tres días. Después el TCE resuelve la consulta en el término de 10 días y solo allí conocerá la respuesta.
Los colectivos Quito Unido y el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito son las organizaciones que impulsan los dos pedidos de remoción del Alcalde.
Las pruebas entregadas por los colectivos coinciden en las causales para remoción establecidos en los literales c) y g); del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establecen:
c) Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este Código; de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada.
g) Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado.