Un total de 400 casos de mujeres embarazadas y personas con discapacidad despedidos en plena pandemia han sido denunciados ante la Defensoría del Pueblo, en Ecuador.
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Este organismo público recibió, de marzo a agosto de 2020, 11 mil denuncias de vulneración de derechos.
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Destacan los casos de despidos irregulares, entre ellas de personas con discapacidad e incluso embarazadas.
La Defensoría cuestiona que se hayan violentado los derechos de las trabajadoras embarazadas. El Código de Trabajo señala que:
- No podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora.
- No podrá dar por terminado el contrato de trabajo, en caso de que la mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia de enfermedad.
La Defensoría ya ha interpuesto acciones de protección pata que las mujeres embarazadas despedidas recuperen su trabajo.
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Es el caso de Guayas, donde 34 funcionarias públicas en condición de embarazo fueron separadas de sus funciones. Cuatro de ellas laboraban en el Ministerio de Educación donde laboraban.
“Hemos detectado una creciente vulneración de derechos en los últimos meses, no solo de mujeres, sino también de personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas”, explica Mirelli Icaza, delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas.