La Policía española detuvo a Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, para su extradición a ese país, informaron este miércoles 19 de febrero del 2020 fuentes policiales y de su entorno.
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Romero fue detenido el martes 18 de febrero por orden de la Audiencia Nacional española e ingresó en prisión hasta que sea extraditado.
El arresto se produjo 20 meses después de que la Justicia española lo dejara en libertad tras su primera detención en España por su presunta implicación en el intento de secuestro del exasambleísta opositor a Correa Fernando Balda.
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Una vez que las autoridades ecuatorianas solicitaron la entrega del antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, la Audiencia Nacional accedió a la extradición.
La jueza Daniella Camacho considera que Romero es responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, supuestamente intentaron secuestrar al opositor Balda en agosto de 2012 en Colombia.
Balda estuvo retenido durante unos 90 minutos, porque la Policía colombiana frustró el secuestro a raíz de la llamada de un taxista.
Por esta causa han sido sentenciados dos agentes secretos ecuatorianos a un año y nueve meses de prisión, dado que ambos colaboraron con la Justicia y señalaron al expresidente Correa y a Romero Quezada como los responsables de ordenar el secuestro.
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Romero Quezada solicitó asilo político en España, sin que hasta el momento se le haya notificado la respuesta, indicaron fuentes de su entorno, que dan por hecha la denegación de esa protección.
La organización Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (RED) ecuatoriana ha rechazado la entrega a Ecuador de quien consideran «un perseguido político«, según su secretario general, Manel García, quien la atribuye a la «persecución política sistemática» a quienes participaron del Gobierno de Correa.
“España sufrió 40 años de dictadura; no pueden cerrar los ojos a la persecución política en otra nación en la que la democracia es solo una apariencia y el abuso de poder es una realidad”, afirmó García en un comunicado.
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