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Identifican afectaciones ambientales en mina ilegal de Buenos Aires

El Ministerio del Ambiente dio cuenta de los hallazgos parciales en ocho puntos del sector, que fueron inspeccionados por expertos ambientales.

Pérdida de biodiversidad y posible contaminación a los recursos hídricos y el suelo, son algunas de las afectaciones halladas por el Ministerio de Ambiente en la gran mina ilegal de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Así lo informó la Cartera de Estado en un comunicado emitido este lunes y que da cuenta de los hallazgos parciales en ocho puntos del sector, que fueron inspeccionados por expertos ambientales.

Peritos del programa de Reparación Ambiental y Social de ese Ministerio, junto con personal de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura y de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, llevaron a cabo las pesquisas para cuantificar el daño medioambiental generado por las actividades extractivas en el sector de La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, donde se encuentra la mina ilegal. 

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Los técnicos realizaron un recorrido por ocho lugares, en los que se encontraron bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído, indicó el comunicado.

En paralelo se localizaron plantas de beneficio que albergaban generadores, campamentos, combustibles, tanques y sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), además de molinos de bolas, cilindros amalgamadores y tanques de cianuración, entre otros.

Se identificó asimismo el impacto ambiental provocado por las actividades ilícitas, como la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posibles daños a los recursos de agua y suelo por el manejo perjudicial de combustibles y químicos.

El Ministerio de Ambiente trabaja en la elaboración de un informe técnico que será entregado a la Fiscalía General del Estado al objeto de seguir «con las acciones correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales del país«.

Cerca de 5.000 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana y venezolana, han sido desalojadas de la considerada como la mayor mina de oro de Latinoamérica, en un operativo iniciado hace dos semanas contra la extracción ilegal del metal precioso y en la que han sido detenidas varias decenas de personas.

En ella intervienen efectivos policiales y militares, que mantienen varios perímetros acordonados en virtud de un estado de excepción de dos meses decretado por el Gobierno ecuatoriano.

En el sector se había establecido una verdadera «ciudad de plástico», según las autoridades, a raíz del dorado que se articuló en torno a la mina desde finales de 2017, y que ha sido caldo de cultivo de situaciones de explotación laboral, infantil y sexual, tráfico de drogas, trata y otros delitos. 

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