Los exfuncionarios ecuatorianos que están prófugos de la justicia

Por Metro Ecuador

Este 9 de abril se conoció sobre la captura de Ramiro González, exministro de Industrias y Productividad en el Gobierno de Rafael Correa (2013-2015) y  expresidente del Consejo Directivo del IESS (2008 y 2013) que es investigado por delito de tráfico de influencias y de defraudación tributaria.

María Paula Romo, aseguró que han enviado a Perú la información relacionada con los procesos judiciales que se siguen en el país contra el exministro para evitar que este use el argumento de persecución política.

"Tiene un juicio en su contra por haber recibido 2,2 millones de dólares, pero justificar ingresos por 360.000 dólares", explicó Romo.

González, de 61 años, fue capturado el martes, en una calle del barrio Miraflores de Lima, por la Policía Internacional (Interpol) de Perú.

Estaba prófugo desde 2017 cuando la Fiscalía y la Policía ecuatorianas allanaron sus inmuebles y detuvieron a su esposa, a raíz de otra investigación por defraudación tributaria encontrada presuntamente en su contra entre 2012 y 2016. EFE

Otros políticos prófugos 

Altos funcionarios del gobierno anterior se encuentran prófugos de la justicia, incluyendo a  Rafael Correa quien en noviembre fue llamado ayer a juicio como posible autor del plagio del exasambleísta Fernando Balda en 2012 se encuentra en Bélgica. 

Pedro Delgado 

Primo de Rafael Correa y expresiente del Banco Central se encuentra desde 2012 en Miami, Estados Unidos. Salió del país tras confesar la falsificación de su título de economista. En 2015 fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de peculado en el Banco Central, cuando otorgó un préstamo de USD 800 000 a Gastón Duzac, sin garantizar la devolución del dinero.

Pedro Delgado Cortesía

En 2019, la Corte Nacional de Justicia lo condenó por el delito de enriquecimiento ilícito con cinco años de prisión y una multa por USD 788 855, el decomiso de sus bienes y pedir disculpas públicas.

Carlos Pólit

En junio de 2018, la Corte Nacional de Justicia sentenció  a Carlos Pólit  y su hijo John a seis y a tres años de prisión, respectivamente por delito de concusión. Además una multa de $ 40,4 millones como reparación por el perjuicio al Estado.

Carlos Pólit reaccionó sobre publicación de diario estadounidense sobre lujosas mansiones de su hijo

La extensa publicación asegura tener documentos que demostrarían que se compraron bienes por $7 millones, sin necesidad de préstamos hipotecarios a nombre de John Pólit.

Fernando Alvarado 

Fue exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa y ahora se encuentra refugiado en Caracas, Venezuela. Alvarado aunque cuenta con difusión roja de Interpol, no puede ser extraditado porque Ecuador no tiene relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

 Fernando Alvarado API

Alvarado huyó del país el 20 de octubre de 2018 mientras la justicia ecuatoriana lo investigaba por presunto peculado perpetrado en la organización de las sabatinas del expresidente Rafael Correa. El exfuncionario  tiene once cargos en su contra, todos asociados a corrupción.

Carlos Ochoa

En enero de 2019, la Fiscalía General del Estado ordenó la prisión preventiva para Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Esto se decidió en la audiencia de formulación de cargos contra Ochoa, por presunta falsificación de documento, y habría sancionado a medios con la Ley de Comunicación adulterada, según un tuit de la Fiscalía.

Carlos Ochoa se defiende de acusaciones y dice que no hay pruebas de delito

El exfuncionario, en un video, asegura que en su caso se ha violado el debido proceso y se lo pretende juzgar en Ecuador sin pruebas.

Pablo Romero 

A inicios de 2019, el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), España aceptó el pedido de extradición de Pablo Romero con el objetivo de ser juzgado en el proceso penal que se le sigue en la Corte Nacional de Justicia por el caso Balda.

Caso Balda: España aprueba extradición de Pablo Romero

La Procuraduría aseguró que la decisión de la Audiencia Nacional concluyó que la documentación que sustenta el pedido de extradición aportada por Ecuador

 

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