La Secretaría de Rehabilitación realizó la denuncia a la Contraloría General del Estado por el faltante de 214 armas de fuego que se entregaron a guías penitenciarios y pertenecían al Ministerio de Justicia.
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La denuncia se la realizó el pasado 4 de enero del 2019 y el contralor subrogante, Pablo Celi, recibió la documentación del exsubsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho. El exsubsecretario fue destituido cuando dio a conocer la situación de hacinamiento en la mayoría de cárceles del país.
Faltan escopetas, revólveres, pistolas, lanzagranadas
El documento detalla que se entregaron 733 armas en el 2016, de acuerdo con el informe que se presentó a la Dirección de Seguridad Penitenciaria, en ese año.
Asimismo explica que 733 armas fueron suministradas por la Unidad de Bienes del Ministerio de Justicia y que tras una constatación física se hallaron 519.
Indica que faltarían 100 escopetas, 75 revólveres, 6 repetidoras, 3 pistolas y 2 lanzagranadas; sin embargo, se encontraron 3 carabinas de más.
El informe determina también que “273 armas presentarían inconsistencias en la comparación de los números de series entre ambos documentos” (listado de elementos suministrados versus el de hallados).
El informe añade que «existirían 132 armas de fuego en los diferentes Centros de Rehabilitación Social (CRS), que no registran o han presentado los respectivos respaldos documentales que certifiquen su procedencia» (este es un requisito indispensable para el registro de Control de Armas que realiza las Fuerzas Armadas).
En el informe se advierte que “de no continuarse con el trámite, las armas podrían ser retiradas por las Fuerzas Armadas”.
Armas de fuego ingresan a cárceles del país
En este año se pudo evidenciar un asesinato con arma de fuego en el Centro de Rehabilitación de Latacunga. La pregunta es cómo entran estas armas de fuego a los internos. Esta interrogante seguirá siendo un misterio hasta que las autoridades emitan un comunicado.
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