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Defensoría del Pueblo pide a Iglesia Católica medidas contra sacerdote acusado de abuso sexual a dos niñas en Guápulo

La la Defensoría del Pueblo aseguró que la situación de los hechos de violencia contra las mujeres “se agrava y parece estar fuera del control de las autoridades e instituciones del Estado”.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Arquidiócesis de Quito y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que tomen medidas «urgentes e inmediatas» contra el sacerdote acusado de abuso sexual a dos niñas en Guápulo.

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En un pronunciamiento público, la institución conminó a la Iglesia a que responda «a los casos de violencia contra las mujeres en las que están involucrados sacerdotes católicos, incluido el último caso reportado en la ciudad de Quito».

El sacerdote de la iglesia del barrio Guápulo (noreste de la Capital) fue acusado el pasado domingo de un presunto delito de abuso sexual a dos hermanas de 10 y 14 años, informó la Fiscalía.

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La Fiscalía de Pichincha formuló cargos contra Néstor Genaro B., el párroco de la iglesia de Guápulo por haber, presuntamente, realizado tocamientos íntimos a las dos menores.

Prisión Preventiva 

La jueza Geovanna Palacios dictó prisión preventiva contra el acusado en la audiencia previa llevada a cabo este domingo en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, con el objetivo de «garantizar su comparecencia dentro del juicio».

Ante los «reiterados y graves hechos» de violencia contra las mujeres que se han registrado en las últimas semanas en Ecuador, la Defensoría aseguró que la situación «se agrava y parece estar fuera del control de las autoridades e instituciones del Estado».

Por ello, instó a la Justicia del país a que garantice «de manera oportuna y efectiva» la tutela judicial hacia las víctimas de violencia de género y de abuso a menores.

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Igualmente, solicitó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía que asignen una financiación «suficiente y adecuada» para este año, con el objetivo de garantizar que se cumplan las competencias de las instituciones del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Finalmente, apeló a la Asamblea Nacional a que ejerza su función fiscalizadora y de control con respecto a la «asignación de recursos que debería realizar la función ejecutiva a todas las instituciones del sistema».

Caso Martha y Diana

El mes pasado, varios casos de violencia machista sacudieron a Ecuador y movilizaron a miles de personas que pidieron acabar con la violencia hacia las mujeres y con el sistema patriarcal.

Una violación en manada a una mujer de 35 años en un bar al norte de Quito y el femicidio de una mujer embarazada en plena calle a manos de su expareja conmocionaron al país y pusieron en evidencia el fenómeno de la violencia de género.

Con información de EFE

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