La catástrofe causada por la ruptura de una represa de la minera Vale en la ciudad de Brumadinho, en el sureste de Brasil, deja ya un balance de al menos 34 muertos y entre 250 y 300 desaparecidos.
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Las autoridades de Minas Gerais informaron de que las víctimas habían pasado de 34 a 40, pero rectificaron poco después, en medio de una divergencia de números entre las diferentes instituciones involucradas en la operación de rescate.
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobrevoló este sábado la zona afectada en helicóptero y dijo que su Gobierno «hará todo lo que esté a su alcance» para «pedir justicia» y «prevenir nuevas tragedias» como esta o la ocurrida hace tres años en Mariana, de características similares y en la que murieron 19 personas.
«Es difícil estar delante de todo ese escenario y no emocionarse», subrayó Bolsonaro, quien aceptó la ayuda ofrecida por Israel en las labores de rescate.
Las autoridades no han aclarado si entre los 34 muertos se encuentran los ocupantes de un autobús hallado entre el lodazal y en el que viajaban algunos empleados de la compañía que no sobrevivieron a la marea de residuos.
«Está todo el mundo desolado. Aún no dan informaciones sobre si está vivo, si está muerto y queda esa ansiedad enorme. No se sabe qué va a pasar y la espera es muy angustiante», dice a Efe André Luis Dutra, psicólogo voluntario, de 34 años y que también trabajó asistiendo a las víctimas de Mariana.
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¿Que hará la justicia Brasileña?
Con el drama de magnitud aún sin conocer, la Justicia cercó este sábado las cuentas de Vale y determinó, en dos procesos distintos, el bloqueo de 6.000 millones de reales (unos 1.621 millones de dólares) de la compañía para el «inmediato y efectivo amparo a las víctimas y reducción de las consecuencias» de la catástrofe.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), por su parte, aplicó a la minera una multa de 250 millones de reales (alrededor de 67,5 millones de dólares) por el desastre, mientras que el Gobierno de Minas Gerais estipuló a su vez una sanción de 99 millones de reales (unos 26,7 millones de dólares).
La Fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, afirmó tras visitar la región que el Ministerio Público «actuará firmemente» para que los «riesgos sean prevenidos» y que ese tipo de tragedias no se repitan. «Las medidas que se aplicarán a Vale do Rio Doce están siendo examinadas de forma conjunta», recalcó la fiscal, quien creó un grupo de trabajo para investigar el accidente. EFE
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