La Procuraduría General del Estado informó que la Sala de lo Penal de España aceptó el pedido de extradición de Pablo Romero, exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
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Este requerimiento fue efectuado por la justicia ecuatoriana en el caso Balda y el objetivo es que sea juzgado en el proceso penal que se le sigue en la Corte Nacional de Justicia.
«La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid de España aseguró que no existen obstáculos para autorizar la extradición del exsecretario de Inteligencia», indicó la Procuraduría en un comunicado.
La Procuraduría aseguró que la decisión de la Audiencia Nacional concluyó que la documentación que sustenta el pedido de extradición aportada por Ecuador «cumple todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en el tratado de extradición suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador como en la Ley de Extradición Pasiva española».
Asimismo, «las causas de oposición a la extradición formuladas por Romero Quezada durante la vista del pasado día 9 de enero no resultan admisibles».
El que fuera director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) durante el mandato presidencial de Correa fue llamado a juicio por el caso Balda en noviembre del pasado año, junto con el propio exmandatario y dos agentes de seguridad más.
El 9 de noviembre, Ecuador solicitó a España la extradición de Romero, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española aceptó a trámite dicha petición.
Antes, Ecuador había solicitado la extradición de Romero mediante una nota diplomática el 13 de julio de 2018, después de que Interpol España lo detuviera un mes antes en el municipio madrileño de El Escorial, tras la activación de la alerta roja a solicitud de las autoridades ecuatorianas.
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Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional española José de la Mata resolvió dejarlo en libertad hasta que se conocieran las pruebas procesales de la causa.
Contra Romero, la jueza nacional ecuatoriana Daniella Camacho presentó 25 elementos de convicción para fundamentar su llamado a juicio, como presunto responsable del operativo por el que agentes secretos ecuatorianos, bajo sus órdenes, supuestamente intentaron secuestrar al opositor Balda en agosto de 2012 en Colombia.
EFE
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