Iñigo Salvador: Equipo de CIDH no investigó secuestro de equipo periodístico

"Que el ESE no haya aprovechado el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo, no es algo que pueda ser imputado al Estado ecuatoriano", dijo el procurador general del Estado.

Por Agencias

El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, ha insistido hoy 10 de diciembre en que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), creado para acompañar la investigación del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera con Colombia, no aprovechó "el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo".

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"Que el ESE no haya aprovechado el tiempo que tenía a su disposición para concluir el trabajo, no es algo que pueda ser imputado al Estado ecuatoriano", reiteró Salvador en una rueda de prensa celebrada hoy en Quito, tras la audiencia pública del pasado jueves en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se trató el trabajo realizado por el ESE durante seis meses.

El procurador general explicó que el Estado ecuatoriano no ve "ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica" para ampliar el tiempo de duración de la misión de los expertos en el país, sobre todo "cuando en su investigación parecen estar poniendo énfasis en los supuestos autores mediatos del delito (…), y esto no está dentro de su mandato".

En ese sentido, el abogado del Estado justificó que Ecuador se haya negado a permitir un tiempo adicional para un peritaje en la frontera -sobre la situación de inseguridad para el ejercicio del periodismo-, pues no se creía posible que el ESE terminara el informe antes de concluir el plazo que se le había dado para llevar a cabo su misión.

"El ESE tiene en sus manos toda la información que le permitiría realizar recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre las medidas de seguridad a tomar para el ejercicio del periodismo en la zona de frontera; no vemos que tan tardíamente haya la necesidad de realizar ese peritaje después de seis meses", razonó.

También ha vuelto a pedir a la CIDH que levante las medidas cautelares, de protección, que impuso el 12 de abril del presente año ya que, en ese momento, no se conocía aún que el equipo de periodistas del diario El Comercio había sido asesinado por el autodenominado frente "Oliver Sinisterra", grupo armado escindido de las FARC.

Salvador recordó que las medidas cautelares tienen por objeto "precautelar situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición a los órganos del sistema interamericano", y puesto que ese daño irreparable ya fue causado, "estas medidas tienen que ser levantadas, ya no son vigentes", acotó.

Igualmente, aseguró que el archivo de estas medidas cautelares no implicará que la Fiscalía General del Estado deje de investigar lo sucedido en marzo y abril de este año.

Fiscal asegura que secuestro fue en territorio colombiano

Sobre ello, admitió que el Ministerio Público investigaría aquellos hechos delictivos ocurridos en territorio ecuatoriano o por ciudadanos del país, aunque la principal hipótesis que baraja el fiscal del caso, Wilson Toainga, es que el secuestro y asesinato se cometió en suelo colombiano.

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"Podría ser que en la investigación del doctor Toainga se llegue a la conclusión contraria, que el delito fue cometido en territorio ecuatoriano, entonces a los autores directos y mediatos se les juzgará aquí", apuntó el procurador general.

Asimismo, negó que Ecuador haya impedido el acceso a los documentos y agregó que la ley "establece que esta investigación previa es absolutamente confidencial", por lo que no era posible entregar copias de esos textos al grupo de expertos.

Finalmente, reiteró que el Estado ecuatoriano "no cejará en perseguir a aquellas personas cuya responsabilidad se haya establecido, sin importar si son personas particulares o agentes estatales", una vez que termine el proceso penal.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que conformaban un equipo periodístico del diario El Comercio, desaparecieron el 25 de marzo pasado en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en esa zona.

El 13 de abril las autoridades ecuatorianas anunciaron que sus cuerpos habían sido encontrados en territorio colombiano.

Familiares de las víctimas han reclamado transparencia a las autoridades de ambos países para esclarecer el caso y han solicitado ayuda a la CIDH en las investigaciones.

Co información de EFE

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