La Fiscalía de Colombia identificó a una fundación que, en el papel, acogía a los hijos de las mujeres explotadas sexualmente en Bogotá, pero en realidad habría sacado provecho de los menores.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el ente acusador, luego de un año de verificaciones, recopilación de testimonios y un exhaustivo trabajo de policía judicial, se logró la captura de Luz Marina Lozano Parra, representante legal de la fundación Hijos del Viento, quien sería la presunta responsable de las múltiples ilegalidades detectadas.
De acuerdo con el material recopilado, Luz Marina Lozano Parra era la cabeza de una organización que ubicaba y ofrecía protección a niños y niñas entre 0 y 8 años de edad, hijos de trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, que no podían asumir su cuidado.
Posteriormente, cuando se quedaba a cargo de los infantes, al parecer, explotaba su imagen vulnerable para fomentar la solidaridad y recibir donaciones, que eran destinadas para su provecho personal.
Luz Marina Lozano Parra no tenía permisos ni autorizaciones del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) para utilizar este programa.
Las investigaciones evidenciaron que 10 niños de la fundación Hijos del Viento fueron encargados de forma irregular a extraños durante meses y hasta años, sin ninguna supervisión ni control. Uno de ellos está extraviado y se desconoce su paradero.
Recientemente, la representante legal de la fundación dejó al cuidado de un hogar sustituto a una niña de tres años de edad.
PUBLICIDAD
La menor fue abandonada en un hospital de Bogotá, su estado de salud fue crítico y estuvo a punto de morir por diferentes lesiones físicas.
La mujer que se lucraba con los hijos de trabajadoras sexuales en Bogotá
Testigos afirman que la mujer retenía a los niños y niñas cuando los padres no podían pagar por su cuidado, pese a que la figura utilizada para acoger a los menores de edad era la de fundación sin ánimo de lucro.
Omar Javier Pacheco Arismendi, esposo de la procesada, también fue capturado.
Por los hechos conocidos, la fiscal imputó a la mujer los delitos de trata de personas agravada, usurpación de funciones, por suplantar la identidad del ICBF en la utilización del ‘Plan Padrino’, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El juez aceptó la petición de la Fiscalía e impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario para los dos investigados.
