La jueza Daniella Camacho lo dictaminó en una sesión de la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia con sede en Quito, en la que convocó a juicio a otros tres presuntos involucrados.
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«Realmente no es una sorpresa. Esperábamos algo así», dijo a los medios el abogado de Correa, Caupolican Ochoa, al termina la audiencia.
Además, se quejó de que «durante las últimas semanas hemos sido testigos de una desaprensiva presión de carácter político sobre la señora jueza», una actitud, a su juicio, «evidente y pública», no solo por parte del «poder político sino también de los medios y de actores sociales».
Tras leer los elementos de convicción en la causa, al menos una veintena para Correa y 25 para Pablo Romero, extitular de la Inteligencia ecuatoriana, la magistrada ordenó un receso de media hora antes de reanudar la sesión y anunciar su fallo.
En la fase preparatoria de juicio en septiembre, la Fiscalía General había presentado una acusación contra el exmandatario, el exsecretario nacional de Inteligencia Romero y los exagentes de los servicios secretos Diana Falcón y Raúl Chicaiza.
Los dos últimos se acogieron a la figura de procedimiento abreviado y reconocieron ser autores materiales de los hechos y colaborar con la justicia a cambio de una reducción de la pena.
Ambos exagentes aseguraron que las órdenes les llegaban directamente del expresidente a través de Romero y sus testimonios figuran entre los 23 elementos principales de convicción presentados por la Fiscalía contra Correa, que rechaza las acusaciones.
Correa y Romero se encuentran en el extranjero, el primero en Bélgica -donde reside desde julio de 2017- y el segundo en España. El juicio contra ellos no podrá iniciarse hasta que retornen al país o sean capturados y extraditados.
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