El ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, ha pedido mayor protección para dos de los testigos del caso del presunto secuestro de Fernando Balda, en el que está involucrado como sospechoso el expresidente Rafael Correa.
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Esto tras la visita a Diana Falcón por la asambleísta de la bancada correísta Sofía Espín y una de sus abogadas Yadira Cadena.
Así lo informó Granda en una rueda de prensa en la que dio más detalles sobre la visita que la legisladora Sofía Espín, acompañada de una de las abogadas de Correa, Yadira Cadena, realizó el 24 de septiembre a Diana Falcón en un centro penitenciario de mujeres de Quito y a la que supuestamente presionaron para que cambie su testimonio.
Granda señaló que «se ha coordinado con la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, de la Fiscalía de Ecuador, para fortalecer la protección» de Falcón y Raúl Chicaiza, otro implicado que se ha acogido a la colaboración eficaz.
«Es lamentable que, a pesar de los esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para consolidar una imagen de democracia, pluralismo y de independencia de poderes, existan personas que sigan pensando que en este país las cosas se mantienen en un status quo», dijo el ministro al referirse a las dos visitantes.
Según la investigación, Espín, a la que la comisión administrativa de la Asamblea Nacional ha abierto hoy una investigación, entró de forma irregular, aunque su acompañante sí se registró en el centro penitenciario.
Granda afirmó que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Ecuador para que «se realice la investigación y se determine responsables del ingreso irregular de visitas al CRS Femenino de Atención Prioritaria Quito».
Tanto la directora de ese centro como otros tres servidores públicos han sido apartados de sus funciones a raíz de ese episodio, que fue denunciado la semana pasada por el político Fernando Balda en el proceso judicial abierto a Correa y otros tres sospechosos.
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La causa está relacionada con el secuestro de Balda en Colombia en 2012, unos hechos de los que él, como acusación particular, y la Fiscalía, acusan a los servicios de inteligencia ecuatorianos y al propio Correa como autor intelectual.
Falcón y Chicaiza, dos exagentes, se han declarado culpables y se han acogido al programa de colaborador eficaz prescrito en la legislación ecuatoriana.
«El Gobierno Nacional, el Gobierno del presidente Lenín Moreno, es un Gobierno que, por sobre todas las cosas, va a defender la verdad y transparencia de los hechos», aseguró a los medios el ministro.
Sin embargo, la asambleísta se quejó hoy de una «doble moral» en las instancias de Gobierno y de la justicia por no permitirle fiscalizar el proceso judicial.
«El fiscal general se reúne seis horas en privado con el acusado principal y nadie lo objeta, ni una nota de prensa sobre el tema. Una abogada y una asambleísta visitan por razones humanitarias (a Falcón) y todo se escandaliza», se lamentó por la redes sociales.
«Ya basta de doble moral. Me faculta la ley y mi deber de Fiscalizar», sentenció.
La pasada semana, la Fiscalía presentó sus alegatos contra cuatro presuntos implicados en el caso: Falcón, Chicaiza, Correa y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, que vive en España.
Después de los alegatos, la jueza nacional que lleva el caso, Daniella Camacho, estudia ahora si son llevados a juicio.
Con información de EFE
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