La Defensoría del Pueblo tiene previsto pedir disculpas públicas este lunes a víctimas de casos emblemáticos de violación de derechos como la libertad de expresión durante la década en que gobernó Rafael Correa (2007-2017).
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Lo informó ayer 23 de septiembre la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), en una nota que denuncia que bajo el régimen de Correa, «se consolidó una política sistemática diseñada e implementada por el Gobierno para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos».
En este contexto, la Defensoría realizará un acto de restitución de derechos y disculpas públicas en tres casos que se consideran emblemáticos en el país y reflejan la situación que se vivió en los últimos 10 años.
El homenaje, que se desarrollará en el Pabellón de las Artes del parque El Arbolito de Quito por la tarde, girará en torno al caso de la organización que luchaba contra la extracción petrolera en la cuenca amazónica Yasunidos, que fue ilegalizada y recientemente recuperó su personería jurídica; los 10 de Luluncoto, miembros de la sociedad civil acusados y condenados por terrorismo, y la agresión sistemática contra la prensa.
Fundamedios registró las agresiones en contra de la libertad de expresión desde 2008 y subraya que se produjo cada año un «incremento exponencial de ataques», que ascendieron a 2464.
«De las 22 agresiones reportadas en 2008, se llegó a picos, con 499 en 2015 y 491 en 2016», reza el comunicado de la ONG.
De acuerdo a organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la libertad de prensa como el Comité para la Protección de los Periodista (CPJ, siglas en inglés), tanto medios como periodistas estuvieron expuestos en esa década a la aplicación de medidas legales restrictivas que coartan la libertad de expresión.
En el acto intervendrá la representante de la Defensoría Gina Benavides, quien tiene previsto exhortar a las autoridades a que establezcan cambios en la política pública a fin de que no se repitan casos similares en Ecuador.
La Asamblea Nacional tiene previsto analizar próximamente una nueva legislación de comunicación con la que el Gobierno aspira a dejar sin efecto aquellas cláusulas del anterior régimen que cercenaban el ejercicio de la libertad de expresión.
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con información de EFE
