Hoy 24 de agosto se instauró la audiencia de medidas cautelares a ciudadanos venezolanos. La jueza Judith Naranjo, de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, aceptó el pedido en contra de la exigencia de pasaporte a venezolanos como único documento válido para poder ingresar a Ecuador.
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La Defensoría del Pueblo fue una de las instituciones que solicitó que se elimine este requisito, además de la Defensoría Pública. La jueza dispuso un plan de contingencia en 45 días con los diferentes ministerios y que de esta manera la Defensoría del Pueblo ofrezca nuevas alternativas.
La acción de medidas cautelares durará 45 días y se suspenderá el requisito de pasaporte. En este tiempo el Ministerio de Movilidad Humana deberá desarrollar un plan integral para regular el flujo migratorio.
Con esta nueva medida los ciudadanos venezolanos podrán ingresar al Ecuador con cédula de identidad. Mientras se desarrollaba la audiencia, en los exteriores de la Unidad Judicial en Quito, ciudadanos esperaban la resolución. En el lugar hubo concentraciones a favor y en contra de la exigencia de pasaporte.
Uno de los defensores públicos, Ernesto Pazmiño solicitó a la jueza «se sume al clamor mundial del tema humanitario para esta población». Pazmiño señaló que la exigencia de pasaporte es una medida » innecesaria, inconstitucional, desproporcionada».
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A esto se sumó Gina Benavides, defensora del pueblo donde señaló las vulneraciones de los derechos humanos que se han desarrollado en estos días, tras la decisión del estado en aplicar la medida de exigencia de pasaporte a venezolanos. Indicó que en la zona de frontera existen muchas personas de grupos vulnerables que no pueden acceder a sus derechos. «La medida del gobierno atenta contra la unidad familiar de las personas venezolanas que quieren ingresar a Ecuador», apuntó.
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