La Fiscalía solicita asistencia penal para investigar la información bancaria de Rafael Correa y de aproximadamente 30 exministros, funcionarios y empresarios que durante su gobierno participaron en la preventa del petróleo a China y Tailandia a cambio de líneas de crédito.
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El fiscal general de la Nación, Paúl Pérez solicitó a Asuntos Internacionales que se busque la información bancaria y la constitución de empresas en los siguientes destinos: Estados Unidos, como primer lugar. Le sigue Suiza, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Panamá, Bahamas, Uruguay, Dubai, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vanuatu.
Pérez pide las certificaciones que señalen si las personas investigadas tenían o mantienen todavía cuentas en alguna de las instituciones financieras.
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La cadena nacional, CNN se comunicó con Fausto Jarrín, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa. Este señaló que el expresidente considera que la indagación previa de la Fiscalía, «no se ajusta a los mínimos parámetros jurídicos y penales y que siempre que el fiscal actúe en derecho «puede buscar donde considere las cuentas que crea, pues no tiene nada que ocultar».
Contexto
En febrero de este año, la Contraloría del Estado confirmó el hallazgo de indicios de responsabilidad penal en los contratos de venta anticipada de petróleo suscritos entre las empresas estatales Petroecuador y Petrochina, entre 2012 y 2016.
En ese mismo mes, Correa rindió su versión libre y anticipada ante la fiscalía. Rafael solamente reconoció haber firmado una de las operaciones en 2010 y no las siguientes que se concretaron hasta 2016. Según Correa, ya no se requería la autorización del presidente y calificó como una «barbaridad» que se le pretenda vincular.
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