Brithany Morán, de 11 años, falleció el pasado domingo 13 de mayo del 2018 después de que, supuestamente, haya sido atada, amordazada y golpeada por cinco estudiantes dentro del salón de clases.
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Ayer se realizó su sepelio en el cementerio de la parroquia Pascuales, en Guayaquil.
La muerte de la menor derivó en el planteamiento de medias administrativas en contra del rector, vicerrector, inspector, profesor y personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de un colegio público, de Guayaquil.
“Hemos iniciado los sumarios administrativos. No vamos a permitir que vuelva a suceder algo así. Vamos a sancionar”, manifestó Éricka Laínez, subsecretaria de Educación según información de El Telégrafo.
Laínez además confirmó el inicio del proceso de separación del plantel de los menores implicados, cuatro mujeres y un varón, de 11 y 12 años.
Tyrone Morán, padre de la niña fallecida, indicó que conoce dos versiones acerca de lo sucedido. Que las agresoras acostumbraban a molestar a las niñas de menor estatura y la del rector de la institución en la que se habría referido a lo sucedido como un «juego».
Sobre el día en el que ocurrieron los hechos, el fiscal César Peña señaló: “El rector nos indicó que la profesora del aula ese día pidió permiso por enfermedad. Una funcionaria le otorgó el permiso y dejó a cargo a la hija que no es empleada pública, ni profesora, ni pertenece a la institución”.
RESPONSABLES DE LA MUERTE SON IMPUTABLES
Julio César Cueva, abogado, en entrevista para El Telégrafo explicó que toda persona menor de 18 años en Ecuador es inimputable, es decir que no se le puede aplicar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), independientemente de la gravedad del delito.
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“Las sanciones se aplican según el Código de la Niñez y Adolescencia y son consideradas medidas socioeducativas. Solo cuando el delito es muy grave se le aplica una medida privativa de libertad, pero no en los centros de rehabilitación de adultos, sino en centros para adolescentes infractores”. Según la normativa especial de menores, las penas máximas oscilan entre los 4 y 8 años de internamiento.
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