Ecuador recurre a la comunidad internacional para buscar una solución «digna» para las partes involucradas en el caso de Julian Assange, mientras que casa adentro, la Cancillería soporta críticas por su pretensión de que Londres acredite al australiano como agente diplomático.
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Julián Assange aparece con número de cédula en el Registro Civil ecuatoriano
Y es que ha despertado suspicacias la revelación de la canciller, María Fernanda Espinosa, de que ocho días después de otorgar la naturalización a Assange, pidió (el 20 de diciembre) al Ministerio de Exteriores británico que considere acreditarlo «como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido».
Para el legislador opositor, Fabricio Villamar, la Cancillería puso a Ecuador en una «difícil situación» en el concierto internacional pues cree que pedir la acreditación (ya negada) era una suerte de estratagema para acabar con la situación de asilado de Assange, con una eventual inmunidad diplomática.
«Es tratar de engañarle al Gobierno de Gran Bretaña», subrayó quien, junto a otros legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, ha pedido aclaraciones a la Cancillería sobre el proceso de naturalización de Assange.
El excanciller Marcelo Fernández de Córdoba, un diplomático de carrera con más de cuarenta años de servicio y quien sostiene que no procedía el asilo para Assange pues «está acusado de delitos comunes y no políticos», recordó a Efe que el estatus diplomático conlleva que quien lo tiene es «protegido por la inmunidad diplomática».
Exembajador en Suecia y Dinamarca, Fernández de Córdoba mencionó que el pasado 28 de noviembre, Ecuador emitió un nuevo reglamento para la concesión de la nacionalidad ecuatoriana y «ahí se establecieron las condiciones exactas del caso de Assange», comentó.
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Y efectivamente, un aparte del artículo 2 de ese documento menciona a «los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por el Ecuador en forma regular y continua por tres años».
Para Fernández de Córdoba, «no ha cambiado absolutamente en nada» la situación del fundador de WikiLeaks de cara a Gran Bretaña con la naturalización otorgada por Quito, que -según Espinosa- era «un anillo más de protección» para el australiano.
El exministro de Exteriores opina que la única solución al tema es que Ecuador «dé por terminado el asilo» y que Assange salga de la Embajada «y asuma, afronte, lo que le espera frente al Gobierno británico» por haber violado la detención domiciliaria que tenía.
Pero la canciller ha señalado que el problema de Assange «no es el tema de enfrentar a la justicia británica».
«Son temores fundados que tenemos sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino por parte, posiblemente, de terceros Estados», dijo Espinosa esta semana sin mencionar a ningún país.
Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, y a quien Quito otorgó en agosto de ese año el asilo, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones, que él niega, de dos mujeres por supuestos delitos sexuales.
No obstante, Suecia finalmente archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.
Pese a ello, Assange cree que si abandona la Embajada podría ser detenido por las autoridades británicas y ser deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno estadounidense.
Fernández de Córdoba, quien también ha sido embajador en Noruega, París, Roma y El Vaticano apuntó que no hay en EE.UU. ningún proceso en contra de Assange, cuya presencia en la Embajada resulta «muy incómoda» y «costosa» pues se le deben dar facilidades para que pueda «sobrevivir dentro de las circunstancias», que -dijo- «no deben ser nada agradables», además, por lo reducido del espacio.
De hecho, consultada esta semana sobre la salud de Assange, la canciller preguntó a los periodistas «¿cómo se sentirían después de cinco años y medio de estar en una pequeña oficina, sin poder tomar la luz del sol y sin respirar aire fresco?».
Espinosa -cuya acción defienden, entre otros, el excanciller y ahora ministro de Educación, Fánder Falconí, por considerar que ha dado un «tratamiento soberano» al caso-, ha insistido en que buscan, «en el marco del derecho internacional», una solución «justa, definitiva y digna» para todas las partes involucradas.
Y en esa línea, ha revelado que estudia la posibilidad de la mediación de un tercer país o de una personalidad internacional, y ha adelantado que está a la espera de una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), a la que se le ha pedido una «opinión consultiva» sobre la figura del asilo.
EFE
