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Fiscalía inició proceso penal contra exministro y empresario

El Fiscal General, Galo Chiriboga, dijo que “gracias a la información recabada por la Fiscalía y a la asistencia penal internacional se logró procesar a Alecksey M. y Marcelo E. en el caso Odebrecht”.

Galo Chiriboga/API
Galo Chiriboga/API Galo Chiriboga/API

La Fiscalía General del Estado informó ayer, 22 de abril, de que inició un proceso penal en contra del exministro de Electricidad Alecksey M. por su presunta participación en lavado de activos, dentro del llamado caso Odebrecht, en el que se investigan supuestos sobornos de esa compañía en el país.

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Prisión preventiva para exministro de Electricidad por caso Odebrecht

«La Fiscalía inició un proceso penal contra Alecksey M. y Marcelo E. por su presunta participación en lavado de activos», señaló en un comunicado.

El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que «gracias a la información recabada por la Fiscalía y a la asistencia penal internacional se logró procesar a Alecksey M. y Marcelo E. en el caso Odebrecht».

Marcelo E. es socio de compañías que habrían recibido dinero de corrupción, según Chiriboga.

Los ahora procesados fueron detenidos anoche en Quito en dos allanamientos dirigidos por la Fiscalía, indicó, al apuntar que los hechos que se investigan comenzaron a partir del 25 de febrero de 2011, y recalcó que entonces «Alecksey M. no ejercía cargo público».

Detalló que la jueza Gloria Mayorga dictó prisión preventiva para Alecksey M., y arresto domiciliario para Marcelo E., por ser de la tercera edad.

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Ambos tienen prohibido enajenar sus bienes y los valores de sus cuentas bancarias están retenidas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso, Wilson Toainga, presentó como «principal elemento de convicción» la versión de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, obtenida a través de la asistencia penal internacional, que España respondió a la Fiscalía el 5 de abril último, añadió el escrito.

«Tacla, en su declaración, señaló que la empresa brasileña habría entregado a Alecksey M. un millón de dólares para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución», puntualizó.

Indicó que el pago «del millón de dólares se habría realizado mediante transferencia de la empresa Klienfeld (offshore creada por Odebrecht para ejecutar los supuestos pagos) a la cuenta de Tokio Traders y esta a Percy Trading (empresas que serían de Marcelo E.)».

El escrito añadió que Alecksey M. «se habría beneficiado con 920.000 dólares y Marcelo E. con 80.000 dólares en cuenta que abrió en la Banca Privada de Andorra».

La Fiscalía recordó que en las investigaciones del caso Odebrecht solicitó desde diciembre pasado hasta este mes asistencia penal a EE.UU., Brasil, Suiza, España y Andorra.

En marzo pasado, Chiriboga y el procurador general del Estado, Diego García, se reunieron en Washington con los representantes y abogados de la empresa brasileña en busca de un acuerdo para que esta última suministre a las autoridades ecuatorianas información sobre los supuestos sobornos pagados en el país andino.

Asimismo, se intenta llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones que la multinacional brasileña debería pagar a Ecuador por los daños causados.

El pasado 24 de febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, indicó que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en algunos de los países en los que es investigada.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a «funcionarios del Gobierno», lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

 

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