El Caso Sinohydro, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, avanza en la justicia mientras el país observa con atención la posible responsabilidad penal de ex altos funcionarios, empresarios y representantes de la constructora china Sinohydro.
La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en sobornos para favorecer la adjudicación y operación del proyecto Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador y a la vez una de las más cuestionadas por fallas técnicas.
Más de una década después del inicio del proyecto, el caso ha escalado. La Corte Nacional, hasta este 8 de diciembre de 2025, definió que 21 personas serán llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho.
Entre ellos se incluye el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, y su hija, Irina Moreno González; así como familiares y empresarios relacionados con Conto Patiño, Patricia Patiño Herdoíza (hija), Manuel Patiño Herdoíza (hijo), Priscila Burneo (nieta) y Eduardo Carmigniani, exabogado de Patiño.
En una entrevista con el periodista Carlos Vera, la ex fiscal Diana Salazar aseguró que en la investigación realizada existen movimientos financieros que vinculan a Carmigniani con USD 1 millón transferido en su cuenta personal y al menos USD 2.2 millones depositados en una offshore en Panamá.
La lista sobre este caso, también incluye a Luciano Cepeda y Henry Galarza, exgerentes del proyecto, así como a Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador y exrepresentante de la firma. Además, Yang HuijinySong Dongsheng, quienes actuaron como representantes de la empresa en Ecuador.
Aunque la investigación se hizo pública inicialmente bajo el nombre de INA Papers, con el tiempo tomó su denominación actual al evidenciarse que el presunto esquema de corrupción tenía como eje a la empresa constructora Sinohydro.
CRONOLOGÍA DEL CASO SINOHYDRO
2009–2010: La adjudicación y los primeros indicios
En estos años se firman los contratos para la construcción de Coca Codo Sinclair con Sinohydro Corporation. El financiamiento provino en gran parte de créditos chinos. Desde entonces, organismos de control y sectores políticos advierten condiciones desfavorables para el país y riesgos en el manejo contractual.
2015–2018: Fisuras en la obra y alertas institucionales
Durante las inspecciones iniciales se detectan miles de fisuras en los distribuidores de la hidroeléctrica. La Contraloría emite informes que advierten fallas estructurales y señalan incumplimientos técnicos de Sinohydro. Paralelamente, comienzan a circular cuestionamientos sobre pagos irregulares relacionados con el proyecto.
2019: Estallan los INA Papers
La filtración de documentos vinculados a cuentas offshore, empresas en Panamá y movimientos financieros relacionados con allegados al expresidente Moreno colocan el caso en la esfera pública internacional. Surgen sospechas de que estas estructuras habrían recibido pagos ilícitos provenientes de Sinohydro.
Marzo de 2023: La Fiscalía formula cargos
El Ministerio Público investiga a 37 personas por presunto cohecho. Entre ellos constan exfuncionarios, empresarios y familiares del exmandatario. La tesis fiscal señala que se habría montado un entramado de consultorías ficticias, triangulación de fondos y facturación simulada para canalizar sobornos.
2024: Avances judiciales y arbitrajes internacionales
Paralelamente al avance penal, el Estado ecuatoriano inicia un arbitraje internacional contra Sinohydro por fallas técnicas en Coca Codo Sinclair, incluyendo daños ambientales y persistentes defectos estructurales.
2025: Dictamen acusatorio y reducción de procesados
En septiembre de 2025, la Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra 24 personas, luego de que algunos procesados quedaran fuera por decisiones judiciales o acuerdos. Entre los acusados se mantiene el expresidente Moreno. Las audiencias preparatorias de juicio revelan los principales “elementos de convicción”, como transferencias internacionales, correos, informes bancarios y contratos simulados.
El 8 de diciembre, en total, se define que 21 procesados enfrentarán la siguiente etapa procesal en esta causa.
Impacto institucional y público
El Caso Sinohydro ha puesto en evidencia vacíos estructurales en fiscalización estatal, negociación de contratos internacionales y control de megaproyectos de infraestructura. También ha reavivado el debate sobre impunidad en casos de corrupción de alto nivel, pues se teme que la complejidad del proceso derive en dilaciones o nulidades.
A nivel económico, las fallas en Coca Codo Sinclair y los cuestionamientos sobre la calidad de la obra han debilitado la confianza en inversiones externas y han presionado financieramente al sistema eléctrico nacional.
Mientras el proceso avanza hacia una eventual etapa de juicio, el caso se mantiene como un termómetro de la capacidad del Estado para sancionar redes de corrupción transnacionales que involucran a actores públicos y privados.
El resultado judicial marcará un precedente para futuros contratos estratégicos y para la credibilidad institucional del país.