La audiencia de juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en el denominado caso Malvinas avanzó este lunes 8 de diciembre a la fase de alegatos finales, una etapa crucial después de que el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil diera por cerrada la etapa de prueba la semana pasada.
El proceso, instalado desde el 5 de noviembre procesa a 17 militares donde se han realizado más de doce sesiones dedicadas a reproducir audios, revisar grabaciones, analizar peritajes y escuchar el testimonio de implicados y testigos.
Este lunes, el primero en intervenir fue el fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, quien inició su exposición afirmando que la privación de libertad de los menores “devino en ilegal”.
El fiscal sostuvo que los adolescentes fueron abandonados desnudos, expuestos a un riesgo extremo y sometidos a un hecho planificado y deliberado. Según su argumentación, esta combinación de acciones configura el delito de desaparición forzada, una figura penal que también considera la negación de información como parte esencial del ilícito.
Un año después, la justicia revisa lo ocurrido el 8 de diciembre de 2024
La fecha de la audiencia coincide con el primer aniversario de la desaparición de los cuatro menores: Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.
Aquella noche, los adolescentes fueron interceptados por dos patrullas militares en el sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas.
Tras ser aprehendidos, no se volvió a saber de ellos hasta que declaraciones procesales revelaron que habrían sido abandonados, heridos y sin ropa, en un camino rural de Taura, en Naranjal, a dos kilómetros del centro poblado.
Sus restos calcinados aparecieron el 24 de diciembre de 2024 en un manglar remoto, a 11 kilómetros al sur de la cabecera parroquial.
Fiscalía pide penas ejemplares e individualiza responsabilidades:
En su exposición, Fárez individualizó a varios procesados como presuntos autores directos, solicitando una pena de 34 años y ocho meses de prisión. Entre ellos se encuentran:
- Wilson Alfredo W. A., suboficial y uno de los de mayor rango.
- Wilmer Danny L. C., sargento señalado como responsable directo.
- Jonathan Raúl G. P., cabo primero y conductor de una de las camionetas, identificado por testigos como quien golpeó y sometió físicamente al mayor de las víctimas.
- Ronald Stalin P. T., cabo primero, vinculado a agresiones ocurridas durante el traslado de los menores.
Cinco de los militares procesados colaboran con Fiscalía como cooperadores eficaces, aportando detalles que habrían confirmado la secuencia de hechos.
Un delito de permanencia y una denuncia tardía
El fiscal recordó al Tribunal que la desaparición forzada se considera un delito de permanencia y continuidad, ya que se mantiene mientras no se entregue información veraz sobre el paradero de las víctimas.
Según su intervención, los procesados notificaron lo ocurrido a sus superiores solo el 10 de diciembre, dos días después de la aprehensión, y sin hacerlo de manera espontánea.
Esto, insistió, retrasó la búsqueda y redujo las posibilidades de encontrar con vida a los menores.
Además, calificó de “ensañamiento” las acciones cometidas y subrayó que no existía ningún objetivo lícito para la detención.
Exposición forzada y tortura: argumentos de la acusación
Fárez enfatizó que obligar a los menores a desnudarse constituye una forma de tortura, un componente que refuerza la gravedad del delito.
Por ello, pidió una sentencia condenatoria para los 17 militares investigados. Como parte de las reparaciones, Fiscalía solicitó una multa de 800 salarios básicos unificados a favor del Consejo de la Judicatura, además de USD 10.000 como reparación simbólica para las familias.
Medidas para las familias afectadas
Debido al impacto emocional, social y económico del caso, Fiscalía pidió que el Estado garantice atención psicológica, médica y social a las familias a través del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y MIES. También solicitó evaluar si los hogares cumplen los requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano.
El Tribunal se prepara para deliberar
Tras oír los alegatos de todas las partes, el Tribunal iniciará la deliberación para emitir su sentencia en un caso que ha marcado a Ecuador por la gravedad de los hechos.